De los países latinoamericanos con economías más fuertes y fuerzas políticas más establecidas, Chile aparece al iniciar el año como el país con menos sobresaltos, y con la presidenta Michelle Bachelet concretando reformas a menos de un año de haber asumido su segundo mandato. El panorama para Brasil, México, Argentina y Venezuela es diferente, duro, cada cual por problemas y crisis distintas.
La presidenta Dilma Rousseff juramentó su segundo mandato al inicio de año y prometió combatir la inflación, proveer internet veloz y barato, combatir la corrupción, y ajustar las cuentas públicas.
Según las proyecciones del Banco Central, el crecimiento del PIB en 2015 será de 0,2%, con una inflación de 6,4%, una cifra similar a la de 2014 que se mantuvo por debajo del techo de 6,5%. Sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por el mismo organismo a 100 economistas del mercado financiero en enero, el crecimiento de la economía será 0% y la inflación llegará a 7,15%, la más alta en 11 años.
En las calles, los ciudadanos han vuelto a protestar debido a que la primera semana de enero fue aprobado un incremento en la tarifa del transporte (3.50 reales; es decir, 1.2 dólares o 3.30 soles), aunque esta vez no hubo la violencia policial que ocurrió contra las manifestaciones masivas de 2013 debido al alza de la tarifa a 3.20 reales. El Movimiento Passe Livre (que se gestó en 2006 y que busca un servicio de transporte gratuito) ha liderado en 2011, 2013 y este año dichas protestas.
Si bien en 2005 comenzaron a aparecer las pruebas de la corrupción en el gobernante Partido de los Trabajadores durante el Gobierno de Lula, un nuevo episodio ha afectado la administración de Rousseff debido a las evidencias de que la estatal Petrobras fue usada para desviar dinero a políticos y empresas constructoras. El esquema descubierto en 2005 consistía en una contabilidad paralela y pagos a políticos para orientar sus votos. El tesorero del partido en el poder, Delubio Soares, uno de los amigos más cercanos de Lula, fue preso. Este año, el actual tesorero Joao Vaccari, fue llevado a declarar a la Policía. Entre las empresas constructoras involucradas en este caso están Odebrecht, Camargo Correa y OAS, contratistas de megaproyectos de infraestructura en Perú: varios de sus ejecutivos están también en prisión.
Para completar el cuadro de dificultades, en febrero ganó la presidencia del Senado Eduardo Cunha, un parlamentario cuestionado y que en el primer periodo de Rousseff bloqueó iniciativas gubernamentales. Según el diario El País, Cunha decidirá qué discutirá o no el Parlamento; puede querer implantar una Comisión de Investigación del caso Petrobras e impedir una ley de medios pretendida por el Ejecutivo.
En otro plano, Brasil continúa como el país con mayor número de asesinatos a activistas medioambientales: entre 2002 y 2013 ha habido 448 asesinatos según la organización Global Witness.
Pese a la gran cantidad de muertos y desaparecidos en circunstancias similares (por detención irregular o secuestro), en particular en los estados de Guerrero y Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto no da respuestas jurídicas ni políticas suficientes para contener la violencia, investigarla y sancionarla. En el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) primero demoró en hacer las indagaciones y, cuando no le quedó más remedio que tomarlo por la presión pública, reveló la voluntad de resolver rápidamente, presentando unos supuestos sicarios y lugares de incineración sin evidencias contundentes.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha participado en las investigaciones desde que un par de testigos apuntaron a un supuesto lugar de calcinamiento de cadáveres en un basural en Cocula, reveló a la revista Proceso que para dar conclusiones aún falta procesar una cantidad importante de evidencia física que debe ser interpretada “con rigor científico”. Y criticó que la PGR intenta forzarlas para que coincidan con los testimonios de los supuestos asesinos que dan sustento a la verdad del procurador Jesús Murillo Karam.
Los forenses destacaron que hay 200 desaparecidos en Iguala y aún no se puede establecer si los restos calcinados en ese lugar corresponden a hechos anteriores a la desaparición de los normalistas.
Mientras tanto, el investigador veracruzano Alberto J. Olvera considera que la crisis que vive hoy su país es tan grave como la de 1994-1995, cuando México pasó por el asesinato del candidato presidencial del PRI, el estallido de la guerrilla en Chiapas, y la macrodevaluación (llamado entonces efecto tequila). “Se han agotado los potenciales estabilizadores de un tímido ciclo democratizador limitado al terreno electoral y la implantación de un proyecto neoliberal a medias, que protegió los intereses de toda clase de monopolios, públicos y privados”, sostiene. El académico destaca que ante la falta de respuesta oficial, los familiares de los desaparecidos han optado por radicalizarse, y ello los ha distanciado de organizaciones ciudadanas activas contra la violencia en el país. Cree que la ausencia de una sociedad civil densa y de medios de comunicación críticos permitirá que se afiance el poder del PRI en la Cámara de Diputados en junio.
Mientras en diciembre, en Lima, el Ejecutivo lograba la aprobación en el Congreso -sin debate previo- de la ley del régimen laboral juvenil (más conocida como la Ley Pulpín) que menoscababa derechos laborales para personas de 18 a 24 años; en Santiago, la tendencia era exactamente al revés. “La demanda hoy es que haya trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo. Trabajo de calidad", dijo Bachelet al presentar el proyecto de ley que envió al Parlamento el 29 de diciembre.
La iniciativa fortalece la cobertura de la negociación colectiva e indica que si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados, debe hacerlo con la anuencia del sindicato. Además, plantea eliminar la facultad del empleador de reemplazar al trabajador en huelga y proteger los derechos de las mujeres trabajadoras, sea que formen parte o no de las dirigencias de los sindicatos.
Y también, a contramano de la tendencia en el Perú -donde el Gobierno promueve las asociaciones público-privadas en el sector educación-, el Senado y luego la Cámara de Diputados de Chile aprobaron en enero la norma contra el lucro, la selección de estudiantes y el copago en centros educativos que reciben aportes del Estado.
Al iniciar 2015, el Legislativo chileno concretó una reforma electoral, terminando con el sistema binominal establecido durante el gobierno de Augusto Pinochet. El diario El Mercurio describió el nuevo mecanismo como uno “de carácter proporcional inclusivo y que fortalece la representatividad del Congreso Nacional”. Por último, otro proyecto de ley archivado en Lima tuvo otro recorrido en el parlamento chileno, pues aprobó el acuerdo de vida en pareja o pacto de unión civil.
Si bien la performance de los gobiernos, medios, empresarios y la sociedad civil en Brasil, México y Venezuela impregna de preocupación cada día, Chile y Colombia (cuyo Gobierno insiste en concretar un acuerdo de paz con las FARC) son casos en los que la política también incluye el cumplimiento de compromisos, promesas que los ciudadanos no olvidan.
Jacqueline Fowks
Periodista e investigadora peruana. Profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Colaboradora en Perú del diario español El País.