Las personas migrantes forman parte de la casa común europea, que no puede entenderse ya sin el fenómeno migratorio. Esta casa puede sufrir desperfectos, recibir retoques de pintura o embarcarse en diversos trabajos de reforma y mejora. Algunos vecinos se organizan para cuidar la casa y para asegurar que haya sitio para todos en ella. Con este esquema se presenta el carácter estructural de la migración, las políticas europeas del momento y algunas iniciativas de apoyo a las personas migrantes y a la integración social.
Las migraciones son, desde hace décadas, un fenómeno estructural en Europa. Es decir, son un elemento central, constitutivo e imprescindible para comprender nuestra sociedad. Más allá de las modificaciones de una realidad siempre cambiante, las personas migrantes están entre nosotros para quedarse (¡forman parte del “nosotros”!) y los movimientos migratorios constituyen ya una de las señas de identidad de la sociedad europea. En los 27 países de la Unión Europea viven unos 500 millones de personas, de los que casi 50 millones han nacido en un país extranjero, algo menos del 10% del total.
A estos datos hay que añadir dos elementos complementarios que apuntan también a la estabilidad del fenómeno migratorio. Por un lado, la presencia de ciudadanos nacionalizados de origen extranjero que pasan a ser ciudadanos europeos de pleno derecho, aunque en muchos casos sigan formando parte de una determinada minoría étnica. Por otro lado, la realidad de las segundas y terceras generaciones de jóvenes que, nacidos ya en territorio europeo de padres migrantes, plantean cuestiones abiertas sobre identidad personal, integración social, dificultades económicas, discriminación étnica e interacción cultural.
En todo caso, el hecho es que la migración forma parte de Europa y que ésta no se puede entender a sí misma sin la aportación y presencia de las personas migrantes y sus familias. Todo ello plantea el desafío de la integración ciudadana e intercultural, en sociedades complejas y plurales como la europea.
Cosa distinta es el impacto de la crisis económica en esta casa común. Algunas voces siguen pensando que la migración es un fenómeno coyuntural y pasajero y, ante la crisis, parecen suponer que los migrantes son trabajadores de segunda clase y que deben regresar a sus países de origen. Quizá no se dan cuenta de que Europa se ha convertido ya en su país. Lo peor no es que esas miradas y esos discursos sean erróneos o miopes, lo peor es el efecto pernicioso que causan.
En el ámbito político-administrativo, da la impresión de que la gestión de las migraciones en Europa queda en manos de la policía. Controles de identidad selectivos por criterios étnicos, redadas policiales, internamiento de extranjeros por el mero hecho de no tener una autorización administrativa de residencia, expulsiones forzosas,… están a la orden del día en nuestras calles. Aunque son medidas dirigidas directamente contra los inmigrantes ‘sin papeles’, el efecto se extiende al conjunto de la sociedad, empezando por los migrantes en situación regular, sobre los que cae una sombra de sospecha. A esta criminalización del migrante se suma la criminalización de la ayuda: en varios países europeos se penaliza la ayuda humanitaria, sanitaria o educativa a personas en situación irregular, llegando incluso en algunos casos a exigir que los profesionales médicos denuncien a sus pacientes si no tienen papeles (¡!). Evidentemente, estas medidas son el caldo de cultivo para un racismo y una xenofobia que van en aumento.
La política europea de migraciones se fundamenta teóricamente en tres pilares: promover la inmigración regular y la integración social de las personas migrantes; luchar contra la inmigración irregular; y cooperar al desarrollo. Ahora bien, numerosos observadores coinciden en señalar que, en la práctica, los cauces para la inmigración regular son muy insuficientes y claramente ineficaces, mientras que estudios recientes han mostrado que la política de cooperación al desarrollo se está convirtiendo en una herramienta de control migratorio, al vincular y condicionar la ayuda europea al control de fronteras de los países africanos. En la práctica, vemos que el núcleo de la política migratoria se centra en la lucha contra la inmigración irregular, lo cual no sólo afecta negativamente a las personas que intentan acceder a Europa, sino que también tiene efectos indirectos negativos para la población migrante ya asentada.
La realidad del asociacionismo inmigrante es, en general, frágil. Sobre todo en países como España, con una inmigración bastante reciente, las asociaciones de inmigrantes son pocas, pequeñas, inestables y con campos de acción limitados. Por supuesto, hay excepciones importantes, pero en general queda mucho camino por recorrer. La coordinación entre estas asociaciones es aún tenue y no resulta fácil alzar una voz común para defender los derechos de los migrantes en el espacio público. En el terreno de las entidades de apoyo a los migrantes la situación no es mucho mejor. Cierto es que suelen tener una estructura más firme, un mayor recorrido y estabilidad, y un campo de acción más amplio, pero su fragilidad también es notable. Y los recortes económicos en estos tiempos de crisis pueden limitar aún más su presencia y su capacidad de respuesta.
Dos grupos comprometidos en este campo son el Servicio Jesuita a los Refugiados (JRS)-Europa y del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España, quienes junto con otras entidades de Iglesia y de la sociedad civil realizan diversas acciones en beneficio de los inmigrantes.
El JRS está presente en unos veinte países europeos y concentra sus esfuerzos en tres áreas de acción. Primero, externalización del asilo, atentos a las condiciones de vida que padecen los migrantes en tránsito y a las políticas europeas que externalizan los controles fronterizos (Marruecos y Ucrania, especialmente). Segundo, detención de personas solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular. El trabajo combina la visita, el apoyo y el asesoramiento a los detenidos, junto con la búsqueda de alternativas a la detención y otras iniciativas de incidencia para mejorar las condiciones de vida y el respeto a los derechos de los internos. En tercer lugar, trabajo en torno a la “destitución” o privación de derechos de las personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad, que les impide cubrir sus necesidades básicas.
Por su parte, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España trabaja en ocho ciudades españolas y busca abordar el fenómeno migratorio en perspectiva estructural y con un enfoque trasnacional, manteniendo la tensión entre el servicio, el acompañamiento y la defensa de las personas en situaciones de vulnerabilidad, y la gestación de una ciudadanía plural y comprometida. Desde ahí, reconoce algunos campos prioritarios para su acción común: las fronteras exteriores, y en especial la frontera sur; las fronteras interiores que dificultan la convivencia cotidiana y que privan a los migrantes del ejercicio de sus derechos básicos; y la integración de la sociedad en su conjunto, promoviendo el ejercicio de una ciudadanía creativa y fomentando el encuentro intercultural e interreligioso.
Publicado en diciembre 2011
Daniel Izuzquiza, SJ
Coordinador de Pueblos Unidos, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España
