Entrevista a Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (e).
Por Diana Tantaleán
(Apostolado Social SJ)
La Defensoría del Pueblo tiene una imagen positiva en el país por su cercanía a la población y la defensa de los derechos ciudadanos. Con más de tres años en el cargo, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, reflexiona con nosotros sobre la labor de la Defensoría, su mirada sobre los hechos de corrupción en el país y el cargo que le fue encomendado.
La Defensoría del Pueblo tiene por mandato defender los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, de supervisar la administración pública; y por otro lado, supervisar la efectiva prestación de los servicios públicos. A esta institución le toca la defensa de los derechos fundamentales de la persona frente a la actuación del Estado. Cuando el ciudadano se enfrenta a la administración pública y siente que no se respetan sus derechos, puede acudir a la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría interviene, primero, pidiendo información y, en segundo lugar, amparando la demanda o queja del ciudadano, con lo cual se formula una recomendación a la entidad pública para que corrija o cambie su actuación y para que este comportamiento se guíe de acuerdo a las normas legales.
Esta institución no emite sentencias, no sanciona ni resuelve, pero tiene un arma que en algunos casos es más poderosa: el poder persuadir a la entidad pública que lo propuesto o recomendado es lo que corresponde hacer y lo que se ajusta a ley.
En algunos casos se reitera el pedido y se busca otro mecanismo legal que permita el cumplimiento de esa recomendación. El ejemplo más conocido en los últimos años es el del servicio militar.
El servicio militar en el Perú es voluntario a partir del año 2001, pero el año pasado hubo una intensión de querer alterar ese carácter voluntario y convertirlo en obligatorio bajo el mecanismo de un sorteo, pagando una multa aquel que no quería realizar el servicio. En la práctica eso desnaturalizaba el carácter voluntario y discriminaba a la gente de más bajos recursos. Hicimos la recomendación al Ministro de Defensa y, cuando no se aceptó nuestra recomendación, presentamos una acción de amparo ante el Poder Judicial con una medida cautelar para que se suspenda este sorteo, lo que fue aceptado. ¿Qué pasó luego?, se ha fortalecido el sistema voluntario y ahora no faltan reclutas, porque el año pasado el problema era la falta de reclutas. Hoy día podemos decir que el problema se ha solucionado sin necesidad de desnaturalizar el procedimiento.
La justicia en el Perú es un tema muy sensible, con una problemática muy compleja, donde la Defensoría del Pueblo tiene una labor importante pero también muy circunscrita a lo que nosotros llamamos “el debido proceso”. No le toca a la Defensoría ver si una sentencia está bien o está mal dada; lo que nos toca es ver si la sentencia tiene la suficiente motivación o si se ha permitido el derecho de defensa; ese es el lado más difícil. Lo que hemos visto en los últimos meses es que el trabajo de la justicia frente a la corrupción ha sido limitado, por decir lo menos.
Lo que ha ocurrido en Ancash, Tumbes, Pasco y Loreto dan cuenta de que algo no ha funcionado bien en los sistemas de fiscalización e investigación. Frente a la corrupción necesitamos que los mecanismos de investigación, fiscalización y sanción sean mucho más expeditivos. Lo que se ha visto en las regiones demuestran que no estamos ante hechos aislados, nos encontramos ante todo un mecanismo que trata de ocultar el uso de fondos públicos, con estrategias para evadir la acción de la justicia y de la fiscalización.
Lo hemos reflexionado mucho en la institución y hemos tratado de encontrar algunas respuestas. Como elementos más directos podríamos hablar de una falta de transparencia en la gestión pública. Pese a que tenemos una normatividad, todavía falta que se haga mucho más efectiva y que existan los mecanismos suficientes para ello. Los mecanismos de transparencia y de acceso a la información pública son bastante limitados.
Lo segundo son los mecanismos de control. Si algo no ha funcionado en estas regiones son los mecanismos para controlar si se están desviando recursos, si se realizan obras públicas con sobrevaloración o si se terminan de pagar antes que se ejecuten en su totalidad. Ahí los mecanismos de control han sido insuficientes.
Tercero, los mecanismos de participación. Si bien existe la dinámica de participación ciudadana, presupuestos participativos y rendición de cuentas, en la práctica estos mecanismos no han funcionado del todo; ya sea porque la ciudadanía no los conoce o porque las propias autoridades no los promueven del todo. Esto ha hecho que la situación llegue al punto de vernos inundados de corrupción.
En el fondo hay una reflexión mayor: el deterioro de la función pública, la cual muchas veces no se entiende como un servicio a la comunidad o a la ciudadanía, sino donde ingresan con el ánimo de lucrar de la administración pública.
Creo que el proceso que debemos fortalecer es el mejorar nuestro sistema de elección política. Si tenemos estas autoridades es porque compitieron y ganaron. Entonces, tenemos que elevar los estándares para saber quiénes pueden postular a estos cargos de elección popular; los mecanismos de control deben ser más rigurosos. Un ejemplo son las hojas de vida y lo que hemos visto en este proceso electoral: candidatos que tienen condenas o no pagan la pensión alimenticia de sus hijos; con condenas por narcotráfico, corrupción o terrorismo.
Ahí hay un primer nivel: cómo nuestro sistema político se fortalece para exigir más a quienes pretenden ser autoridad en el futuro. Lo segundo es que, una vez elegidas, estos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana se hacen mucho más efectivos; donde los regidores tienen también poderes mucho más claros de fiscalización. Ahora, en algunos casos, parecen figuras decorativas que no tienen mayor poder de fiscalización frente al alcalde o al presidente regional.
Así es, lamentablemente. Algo está pasando en nuestra sociedad que es muy tolerante frente a la pequeña y a la gran corrupción. Una encuesta de Proética señalaba que, en general, se es muy permisible hacia actos de corrupción. La famosa frase “roba pero hace obras”, lamentablemente tiene algún nivel de aceptación en la ciudadanía.
Realmente hay un problema en la sociedad peruana y no hay que ocultarlo, no podemos soslayarlo sino más bien hablarlo. Si no hablamos de estos temas, y no nos damos cuenta que es malo para el país, no habrá forma de enfrentar la corrupción; lo vamos a ver como algo natural, permisible, algo que está bien visto.
Cuando un corrupto se da cuenta que hay gente dispuesta a denunciar un hecho o que existe vigilancia ciudadana y mayores controles, va a dejar de actuar de esa manera. Esto va a revertir también en una mejor administración de los fondos.
Necesitamos un cambio radical en el país de tolerancia cero frente a la corrupción; porque el gran riesgo es que, en el fondo, exista una descomposición social. Ahí está el tema, no hay que rehuirlo, me toca a mí decirlo y hacer una invocación a darnos cuenta de estos hechos.
Lo que he notado en los últimos años es que se exigen más los derechos. La ciudadanía peruana ha crecido en eso. Quiero ser optimista, creo que cada vez hay más ciudadanos dispuestos a denunciar la corrupción y el delito, a reclamar por sus derechos.
En materia de corrupción hay que facilitar los caminos para la denuncia. Lo primero es diseñar un buen canal de denuncias contra la corrupción. La Contraloría ha avanzado en eso, y en el Ministerio Publico deberíamos avanzar, ya hay fiscalías especializadas en estos delitos.
Lo segundo son los mecanismos de protección. Aquí hemos conocido casos muy puntuales, en Ancash concretamente. Gente que ha decidido denunciar y colaborar con la justicia luego se ve en medio de amenazas, con un Estado que no le otorga las garantías para su vida y la de su familia. Cuando una persona se decide a denunciar una corrupción, quiere encontrar un Estado que le facilite la denuncia y también lo proteja frente a eventuales amenazas.
La Defensoría es una institución relativamente pequeña. En estos años hemos tratado de crecer. Anualmente atendemos a unas 130 mil personas, pero es imposible llegar a los 30 millones de peruanos. El esfuerzo tiene que ver más con mecanismos de capacitación, articulación y fortalecimiento de redes locales, organizaciones sociales, ONGs que se dedican también a distintos temas (ambientales, derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas).
Este fue un paquete de varias normas en diversos ámbitos, como en el tributario. En el tema ambiental hubo algunas disposiciones referidas a la OEFA, que es el Órgano de Evaluación y Fiscalización Ambiental, un organismo que ha estado y está desarrollando una tarea muy importante.
En este paquete de medidas una de ellas consiste en limitar, de alguna manera, la tarea de la OEFA, básicamente en lo referido a la imposición de sanciones. Se hizo llegar una comunicación al Premier de ese entonces y a los sectores correspondientes (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas) señalando que, en opinión de la Defensoría del Pueblo, no era conveniente delimitar las funciones de la OEFA porque había demostrado, en este corto tiempo (la OEFA no tiene más de dos años trabajando), una actitud muy proactiva para, in situ, resolver problemas, atender denuncias o imponer sanciones cuando el caso lo ameritaba; y que limitar esas funciones no daba una señal de que, así como se promueven los proyectos de inversión, también hay un organismo que se encarga de fiscalizar y supervisar estas actividades.
Sé que en el debate público ha habido otros cuestionamientos a estas disposiciones. Nosotros nos centramos en las limitaciones a la OEFA porque creíamos que ese era el contrapeso, tener un órgano fortalecido y con plenas facultades para supervisar, controlar y fiscalizar las labores de las empresas.
Según nuestro último reporte de conflictos, correspondiente al mes de agosto, se ha notado una disminución. El último reporte habla de 208 conflictos. De esos 208 conflictos hay unos 160 que son los llamados “activos”, donde existen manifestaciones públicas, divergencias y contraposición entre la sociedad, empresas y algún sector del Estado.
Hemos notado un cambio de estrategia en algunos casos. Por ejemplo, ahora hay más conflictos con mesas de diálogo instaladas, lo cual es un buen indicador porque permite encauzar el conflicto hacia una solución pacífica. Y hemos notado que existen algunas dificultades para resolver o abordar conflictos con poblaciones indígenas que reclaman la aplicación del derecho a la Consulta Previa. Aquí estamos hablando de un número menor de casos.
Hasta ahora podemos decir que se ha logrado que los líderes regionales, los candidatos y la comunidad en general, no utilicen esta conflictividad social durante el proceso de elecciones. La frase que siempre utilizamos es “el Estado tiene el rol de armonizar los intereses que en todo conflicto se ven en juego: los intereses propios del crecimiento, de la inversión, de los proyectos extractivos, con los intereses y las expectativas de las poblaciones indígenas que quieren ver que estos proyectos realmente traigan beneficios directos para su comunidad”. Eso, en algunos casos, no ocurre; la población ve un gran proyecto al lado de su comunidad pero no los beneficios que trae para ella. Esa tarea no es de la empresa, es tarea del Estado.
Con los Ministerios tratamos siempre de llevar una relación muy cordial. Creo que lo importante es mantener el nivel de diálogo y comunicación. Conversar y dialogar para resolver los problemas concretos, es lo que nos toca, sin dejar de ver también las políticas que en los sectores (por ejemplo en educación y salud) se vienen llevando adelante.
Nosotros hacemos el ranking de las “instituciones más quejadas”, es decir, contra quién se queja más el ciudadano cuando viene a la Defensoría. En el primer lugar están los municipios, y ahí los comisionados de la Defensoría tienen como interlocutor a los funcionarios municipales (alcaldes, regidores). Muchas veces son relaciones tensas, porque si uno va a reclamar por un derecho o a pedir el cumplimiento de una norma, siempre la autoridad va a tratar de justificar su actuación.
Luego están los sectores como educación y salud. Acá hay un dato importante, el país de alguna manera se ha descentralizado en los servicios básicos; en las regiones recaen muchas de las tareas que se tienen que resolver en estos dos ámbitos. Nuestros colegas tienen al interlocutor directo, que es el Presidente Regional, el Jefe de la DIRESA[1], el Jefe de la UGEL[2] o de la DRE[3]; tratando de resolver los problemas con ellos o con el director de la escuela o el director del centro de salud.
La Defensoría tiene 18 años de vida institucional, de los cuales 10 años ha estado en actividad con Defensores del Pueblo nombrados por el Congreso; me refiero al doctor Jorge Santisteban de Noriega y a la doctora Beatriz Merino. Ocho años ha estado con Defensores en calidad de ‘encargados’ o ‘en funciones’, como le llamamos, cinco años con el doctor Walter Albán y 3 años y medio conmigo.
No es casual que de 18 años de funcionamiento, 8 años haya estado con ‘encargaturas’. Creo que esto demuestra dos cosas: una, que no es fácil designar a un titular que reúna las condiciones, que tenga una identificación con los valores democráticos, de defensa del Estado de derecho y una clara convicción por la defensa de los derechos humanos. Tan es así que el año pasado, luego de haberse elegido a una persona, fue tal el cuestionamiento ciudadano que el Congreso tuvo que dar marcha atrás porque eso iba a ser insostenible.
No me imagino a una institución con una persona, en este puesto, permanentemente cuestionada; le restaría la posibilidad de persuadir a las autoridades con argumentos, de poder ser intermediaria para resolver conflictos sociales, o poder rechazar la corrupción porque el titular no puede tener ninguna acusación de corrupción.
El Congreso de la República debe cuidar esta institución, como lo debería hacer con cualquier otra entidad, pero creo que esta de manera especial. La institución se ha ganado una legitimidad ciudadana por el trabajo que ha hecho, por su seriedad, autonomía y su cercanía a la ciudadanía.
Desde que asumí el cargo le pedí al Congreso que elija pronto pero que elija bien, y que evite que esta situación se prolongue. Entonces, mi invocación siempre va a ser: que lo hagan pronto pero que lo hagan bien, y que cuando tomen las decisiones vean que la persona que elijan no tenga cuestionamientos, que tenga una identificación con los valores de la democracia y con la defensa de los derechos humanos.
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[1] Dirección Regional de Salud.
[2] Unidad de Gestión Educativa Local.
[3] Dirección Regional de Educación.
Eduardo Vega Luna
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de Maestría en Paz y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de España, así como estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha realizado diversos cursos de especialización en materia de derechos humanos, y ha seguido el Curso internacional de Administración Pública en la especialidad de Lucha contra la corrupción en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa.
