Pandemia, reactivación económica y minería

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mineríaEn todo el tiempo que llevamos de emergencia sanitaria, el comportamiento del sector minero ha sido aludido o cuestionado por las poblaciones locales en varias oportunidades. A continuación, queremos profundizar en esas razones a fin de plantear la necesidad de un comportamiento más firme del Estado y más responsable de las empresas. minería

Confinamiento, adopción y cumplimiento de medidas sanitarias

Como sabemos, el avance de la pandemia del COVID 19 tiene como principal medida preventiva el confinamiento de las personas en sus domicilios, ya que el contagio se produce en la interacción de las personas. Quien está infectado lo trasmite al hablar, estornudar, toser o tocar objetos que serán manipulados por otros; e ingresa al organismo por nariz, boca y ojos principalmente. La circulación de las personas es la forma en que se extiende el contagio, y la congregación de ellas en lugares cerrados es un foco de trasmisión de alto riesgo.

En el Perú, como en los demás países del mundo, la trasmisión del virus se inició en las grandes ciudades que son parte del tráfico internacional. Luego, se ha ido extendiendo a ciudades menores y a la zona rural.

Para determinar si el sector minero ha tenido un comportamiento adecuado en tiempos de pandemia debemos conocer primero los focos de riesgo de trasmisión de esta actividad. Para ello utilizaré algunos ejemplos, principalmente el caso de Antamina, pues fue la primera empresa que reportó problemas de contagio.

La actividad minera se suele desarrollar en zonas alto andinas. Las operaciones de Antamina se encuentran a 4,300 metros de altura. Una operación de gran minería congrega a miles de trabajadores que pueden tener una relación directa con la empresa, o a través de terceros. Antamina, por ejemplo, tiene aproximadamente 6,500 trabajadores. En la mayoría de casos, los trabajadores provienen de ciudades y viven en el campamento con un régimen laboral de semanas o días trabajados, por semanas o días de descanso; este régimen les permite salir del campamento para reunirse con sus familias. En el caso de Antamina, tienen un régimen de 10 días de descanso por 10 de trabajo. Por lo tanto, podemos afirmar que los trabajadores mineros tienen una alta movilidad en los territorios.

Las empresas también tienen personal de los lugares donde están sus instalaciones, el cual suele laborar en actividades menores. Estos trabajadores suelen ser de la zona de influencia directa.

Además, las empresas necesitan trasladar permanentemente personal, insumos y concentrados. Por ello, una de sus actividades más importantes es el transporte minero, que puede realizarse a través de varios medios; uno de ellos, el más usado, es el transporte terrestre. Los vehículos suelen tener largos recorridos, atravesando muchos centros poblados.

A ello hay que añadir que las empresas interactúan permanentemente con la población rural de su entorno, para ello suelen tener una gerencia de relacionamiento comunitario. Existen compras locales, negociaciones diversas y problemas propios de la convivencia cercana que requieren ser resueltos.

Toda la descripción que hemos realizado es para decir que los trabajadores mineros pueden ser vectores de trasmisión del COVID 19, y que la actividad minera presenta focos de riesgo que deben controlar para proteger a los trabajadores de sus operaciones (ya sean contratados directamente o a través de terceros), así como a la población de su entorno que, generalmente, es rural y vulnerable por sus niveles de pobreza y poco acceso a los servicios públicos.

En marzo, cuando se estableció el confinamiento obligatorio, las empresas mineras seguían operando y los habitantes del entorno protestaban por los riesgos que podía suponer el transporte terrestre. Días después, con el argumento de que la minería tenía operaciones que no podían parar, el Estado las declaró como parte de las actividades esenciales, aquellas que por su naturaleza no podían dejar de realizarse, dándole la misma condición que las que son necesarias para el sostenimiento de la población (agricultura, comercialización de alimentos). En todo ese tiempo, la minería operó sin las medidas de prevención necesarias porque todavía no habían sido desarrolladas. Lo único que el MINEM publicó en abril fue un protocolo para el traslado de personal, con la finalidad de sacar a los trabajadores que tenían más de 30 días de confinamiento en las instalaciones mineras. En este contexto es que los trabajadores de Antamina denuncian los primeros casos de contagios dentro de las instalaciones de la empresa.

El 2 de mayo, el gobierno publicó el decreto que aprueba la reanudación de actividades de manera progresiva, en cuatro fases. La minería es incluida en la primera. El 6 de mayo, el MINEM aprobó un protocolo sanitario con medidas de prevención y respuesta frente al COVID para los subsectores de minería, hidrocarburos y electricidad, con algunos vacíos. El 12 de mayo, por presión empresarial, este protocolo es modificado para rebajar los estándares establecidos. Con ello, se aumentó la edad y el peso de las personas consideradas de alto riesgo (de 61 a 66 años) y el índice de masa corporal pasó de 30 IMC a 40 IMC. Las presiones continuaron y el 24 de junio fue publicada una nueva modificatoria del protocolo sanitario, eliminando la obligación del MINEM de verificar el cumplimiento del protocolo sanitario y de los lineamientos del MINSA en los planes presentados por las empresas para incorporar en sus operaciones las medidas preventivas y de respuesta frente al COVID, antes de su aplicación. También reduce el distanciamiento social que debe existir entre los trabajadores de 1.5 a 1 metro.

minería y covid

Las empresas mineras han continuado laborando durante la cuarentena que impuso el gobierno, lo que ha supuesto el incremento de contagios entre los trabajadores y sus familias.

En medio de estas idas y vueltas, el 21 de mayo, el portal Gran Angular publica una investigación periodística que daba cuenta de 718 casos positivos registrados en 14 empresas mineras y un fallecido. Estas empresas eran: Consorcio Minero Horizonte (304), Antamina (216 casos), Marcobre (128) Hudbay (21), Chinalco (20), Antapaccay (4), Anglo American (6), Marsa (4), Impala (2), Cerro Verde (1), Tinka Resourses (1), Nexa Resources (1) y Shouthern Perú (1).  Hasta ese momento, no había datos oficiales.

La situación ha ido empeorando y, el 29 de junio, la entonces ministra de Energía y Minas señaló que los casos de trabajadores contagiados de las empresas mineras eran de 2,957 y dos muertos. Es decir, las cifras se habían multiplicado por cuatro en un mes, lo que estaría demostrando un manejo poco adecuado de la situación.

De otro lado, hasta la fecha no se ha regulado las relaciones comunitarias en el contexto de la pandemia, que es un foco de riesgo para la población del entorno minero, que suele ser población vulnerable. Las medidas que se pueden estar implementando son voluntarias. Tenemos entendido que, por ejemplo, Glencore ha venido realizando reuniones con representantes de comunidades de la zona de influencia directa del proyecto integración Coroccohuayco para establecer un acuerdo sobre tierras.

La reactivación económica y los beneficios para la minería

El necesario aislamiento social afectó las actividades económicas, a unas más que a otras. Si bien la minería no fue del todo paralizada y reanudó más rápido sus labores, también experimentó los impactos económicos del confinamiento.

Actualmente, la mayoría, si no todas, las unidades de la gran minería se encuentran operando. Pero, además, en las últimas semanas los precios internacionales del oro y cobre se han incrementado sustancialmente, por lo que se prevé una pronta recuperación, por lo menos de las empresas que producen esos metales.

En medio de una pandemia que sigue expandiéndose significativamente en la población, los sectores empresariales, entre ellos el minero, han venido presionando por la reanudación completa de actividades y la reactivación económica que impliquen medidas de promoción de la inversión. Frente a ello, la sociedad civil ha venido abogando por una reactivación con respeto a derechos.

Sin embargo, con el transcurrir de los días, el gobierno del Presidente Vizcarra se ha ido alineando cada vez más con los intereses empresariales. En este camino se ha aprobado un conjunto de medidas para la reanudación de actividades y de reactivación económica a favor de las empresas y en desmedro de derechos. Pero, además, se anunciaron otras en el discurso del exprimer ministro Pedro Cateriano ante el Congreso de la Republica, que incluían medidas tributarias.

En lo laboral, una medida que causó polémica fue la suspensión perfecta de labores, que permite al empleador suspender su relación laboral con el trabajador por un tiempo determinado, no teniendo que realizar, durante ese tiempo, el pago de remuneraciones. Varias empresas mineras se han acogido a esta figura jurídica. Otro tema que se ha priorizado durante la emergencia sanitaria es la fiscalización laboral virtual.

En lo ambiental, y para el tiempo que dure la emergencia sanitaria, se han modificado un conjunto de normas que debilitan la regulación de protección al ambiente y derechos de las poblaciones del entorno de los proyectos. Así, tenemos que se ha exonerado a los titulares de los proyectos del trabajo de campo que se requiere para la elaboración de la línea de base de los estudios ambientales. Esto es muy grave porque se necesita conocer bien las zonas donde se ubicarán los proyectos para determinar adecuadamente los impactos, y las medidas para prevenir daños. También se exime a los titulares de los proyectos de presentar informes de monitoreo y otros. En los procesos de evaluación ambiental se ha remplazado la participación ciudadana presencial por la virtual, realizándose ya algunas audiencias de esta manera, que no permite a los sectores más pobres de nuestra población defender adecuadamente sus derechos porque no tienen acceso a esos medios o los tienen de pésima calidad. Se ha pretendido extender el uso de medios virtuales a la Consulta Previa. La oposición de las organizaciones indígenas y de organismos internacionales de protección a derechos humanos lo han impedido, pues viola principios básicos como la buena fe y la flexibilidad. Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también ha priorizado la fiscalización ambiental virtual, sin dimensionar las implicancias que ello podría tener.

Recientemente, para el sector minero, y más allá de la emergencia sanitaria, se ha modificado el Reglamento Ambiental de Exploración, haciéndose una serie de cambios, entre ellos, la posibilidad de que dos o más proyectos puedan compartir un mismo estudio ambiental, al margen de si están próximos o no. Se ha establecido también el silencio administrativo positivo para la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental que se aplica a proyecto que involucren menos de 20 plataformas de perforación y menos de 10 hectáreas de área disturbada. Es decir, se considera aprobado con su sola presentación.

Finalmente, de lo mencionado, podemos concluir que estamos cada vez más lejos de sacar lecciones como sociedad de la tragedia nacional que vivimos, con miles de personas enfermas y fallecidas por el contagio del COVID 19. Al parecer, los sectores con más poder en nuestro país, apuestan por la misma manera de hacer las cosas, y pretenden profundizarla, en un contexto en que es muy difícil reaccionar y tomar conciencia de los cambios que se realizan y de los intereses en juego.

Primavera 2020


Ana Leyva Valera

Especialista legal en temas minero ambientales, ordenamiento territorial, participación ciudadana y consulta previa. Responsable de programa de derechos colectivos y gestión del territorio de CooperAcción

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