Han transcurrido casi dos meses de iniciado el conflicto minero de Tía María, y si bien los medios de comunicación han cubierto la noticia, en algunos casos total o parcialmente, intentando ser objetivos o dejando en claro un marcado sesgo (tanto pro empresarial como antiminero), el ciudadano también se ha expresado (a través de sondeos de opinión, encuestas radiales, etc.). Este artículo intenta hacer un primer balance con algunas ideas fuerza que parecen quedar a partir de la pausa de 60 días propuesta por Southern Perú el pasado 15 de mayo.
Una primera idea tiene que ver con la visión marcadamente simplificada que amplios sectores poseen en torno a la conflictividad social en el país. Esta parece resumirse a estar a favor o en contra, declararse prominero o antiminero, a estar del lado de los buenos o malos. Finalmente, calificar el juicio propio como racional y el ajeno como irracional. La opinión pública, en los últimos 40 días, parece haber trazado una imaginaria línea que divide nuestra realidad en dos y nos obliga, de alguna manera, a ubicarnos en alguno de los lados, asumiendo que este ejercicio no solo es posible, sino incluso reviste un carácter moral, ya que están en juego más cosas de las que podemos imaginar.
Una segunda idea está relacionada a una discusión que solo parece actualizarse cuando el Estado parece una vez más desbordado: la propiedad de los recursos naturales y el futuro del modelo extractivista. Desde las posturas liberales se insiste en que la conflictividad se acabará una vez que las comunidades sean propietarias no solo del suelo, sino también del subsuelo (que legalmente le pertenece al Estado) e incluso puedan negociar directamente con la empresa. Desde sectores progresistas (o de izquierda, si prefieren), de manera especial este conflicto pone sobre la mesa la necesidad de cuestionar un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales (rentista lo llaman algunos), que ha otorgado beneficios, pero que es especialmente dependiente de los vaivenes de la economía mundial. La pregunta que se hace con insistencia, desde esta postura ideológica, es ¿qué pasará cuando nuestros minerales dejen de venderse en la cantidad y al precio que se venden actualmente?
Una tercera idea presenta un conjunto de preguntas no respondidas plenamente ¿es posible la convivencia entre minería y agricultura?, ¿es la minería contaminante per se?, ¿hay experiencias exitosas de convivencia armoniosa entre ambas? Y si las hay, ¿por qué no se comunican? Hace algunos días, en una entrevista[1], Carlos Gálvez de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, mencionaba uno de los casos emblemáticos de relación exitosa mina-agro: Granja Porcón en Cajamarca. El periodista que lo entrevistaba insistía en la necesidad de presentar desde su institución los activos ambientales de otras experiencias mineras. Si Granja Porcón (asumiendo con cautela su éxito) es un modelo a replicar, ¿por qué no se hace?; y si es más bien una excepción, ¿no habría que pensar nuevos modelos que pueden contribuir en una adecuada convivencia?
Una cuarta idea tiene que ver con una marcada insistencia en que el problema de fondo es técnico. Existe un segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, que ha subsanado las 138 observaciones al primer EIA (observaciones realizadas por la UNOPS[2]). De manera en que, por un lado, se preguntan algunos sectores: si se han levantado todas las observaciones, ¿qué reclama la población del valle de Tambo?; mientras otros evalúan que fue principalmente un tema de comunicación. Sin embargo, pocos análisis se han detenido en reflexionar en un intangible que es determinante para empezar a construir una relación de largo plazo: la confianza. De allí que el problema no es exclusivamente técnico (observaciones levantadas o no comunicadas oportunamente), es también un problema político, de credibilidad, de legitimidad. Los sectores contrarios al proyecto han insistido en el pasado oscuro de la empresa, de pasivos ambientales y cierta renuencia a asumirlos. ¿Es posible construir una relación cuando hay un pasado dudoso, se carece de gestión para ganarse a la población y, encima de ello, se percibe al Estado como un aliado de la empresa, antes que como un garante de la salvaguarda de derechos fundamentales? Este conjunto de factores son el terreno fértil para que sectores radicales, poco o nada dialogantes, que utilizan la violencia y el miedo para imponerse, terminen presentándose como representantes de un sector de agricultores cuya desconfianza es tan razonable como nunca escuchada.
Para concluir, el panorama es muy incierto e incluso la pausa no ha tenido el efecto esperado, ya que si bien en Arequipa provincia las actividades han vuelto a la normalidad, en el Valle de Tambo el paro continua, con escolares que han perdido ya dos meses de clase, pérdidas económicas, sectores liberados y desprotegidos de la violencia de uno y otro lado, pero sobretodo, con pérdidas humanas, un tejido social sumamente deteriorado y una experiencia traumática que ahora forma parte de la memoria colectiva de un pueblo cuya ‘fortuna’ fue tener un proyecto minero cerca.
* Posteriormente a la redacción de este artículo el conflicto por el proyecto minero Tía María se intensificó, realizándose un paro macro-regional en las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y Cusco, los días 27 y 28 de mayo. [N. del E.]
[1] Entrevista en: http://canaln.pe/actualidad/sociedad-mineria-plantea-tiempo-informar-mejor-sobre-tia-maria-ii-n181461
[2] La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un organismo operacional de las Naciones Unidas que apoya a sus asociados en la ejecución de sus proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz en todo el mundo.
Jorge A. Zegarra López
Antropólogo. Docente en la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa)
