En el Perú de hoy, la política no se discute: se sospecha. Se duda del político, del periodista, del fiscal, del policía, del vecino que piensa distinto y, cada vez más, de la información misma. La conversación pública parece atravesada por una duda permanente: ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién no es corrupto?

Ese clima de desconfianza no es un fenómeno reciente. Pero en los últimos años se ha profundizado hasta convertirse en uno de los rasgos centrales de la sociedad peruana. A pocos meses de las elecciones generales del 12 de abril, esa fractura invisible —la que separa a los ciudadanos entre sí y a los ciudadanos de sus instituciones o representantes— se ha vuelto uno de los desafíos más complejos para recuperar la democracia.

En términos comparados, el Perú se encuentra entre las sociedades con menores niveles de confianza social del mundo. Y esa desconfianza tiene consecuencias políticas directas: alimenta la polarización, debilita el debate público y vuelve más vulnerable al país frente a la desinformación. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿cómo votar en un país donde casi nadie confía en nadie?

Diversos estudios internacionales coinciden en que el Perú se ubica entre los países con menor confianza interpersonal. Una encuesta global de Ipsos encontró que solo el 17% de los peruanos considera que se puede confiar en la mayoría de las personas, muy por debajo del promedio mundial, que ronda el 30%.[1]

«En el Perú, la desconfianza se ha convertido casi en una forma de convivencia cotidiana. Si la confianza entre ciudadanos es mínima, la confianza en las instituciones es aún menor.»

La tendencia se mantiene en mediciones regionales. El Latinobarómetro, uno de los estudios de opinión pública más importantes de América Latina, ha registrado durante años que la confianza interpersonal en el Perú se mueve alrededor de 14% a 20%, niveles particularmente bajos incluso dentro de una región donde la confianza social ya es reducida.[2]

Esto significa algo más profundo que una simple percepción cultural o desencanto coyuntural. La confianza interpersonal es un indicador clave para medir la cohesión social. En sociedades donde las personas creen que los demás actuarán de manera justa, la cooperación es más fácil, el bienestar emocional es mayor y la democracia funciona con mayor estabilidad. Cuando esa confianza desaparece, el resultado suele ser una sociedad fragmentada y de alta incertidumbre.

En el Perú, la desconfianza se ha convertido casi en una forma de convivencia cotidiana. Si la confianza entre ciudadanos es mínima, la confianza en las instituciones es aún menor.

«Cada resultado es interpretado con sospecha, cada derrota se percibe como una injusticia y cada victoria es cuestionada.»

Según datos recientes del Latinobarómetro, solo el 7% de los peruanos declara confiar en el Congreso, uno de los niveles más bajos registrados en América Latina.[3] En otras palabras, más del 90% de la población desconfía del principal órgano de representación política del país y hoy erigido de facto como el primer poder del Estado (rompiendo el balance de poderes).

El problema se extiende a otras instituciones públicas. Estudios académicos y encuestas nacionales muestran que ministerios, sistema judicial, partidos políticos e incluso medios de comunicación registran niveles de confianza muy reducidos.[4]

La explicación no se encuentra solo en el desencanto coyuntural, sino que la historia política reciente del Perú —desde el 2016— está marcada por una sucesión de crisis: presidentes investigados o destituidos, confrontaciones entre poderes del Estado, escándalos de corrupción y una constante sensación de inestabilidad que genera la sensación permanente de un bucle que repite sus tragedias.

La corrupción, de hecho, aparece de manera recurrente como uno de los principales problemas del país. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el Perú ha ocupado posiciones rezagadas, reflejando la percepción de que las instituciones públicas solo de forma excepcional funcionan con transparencia.[5]

Cuando esa percepción se vuelve estructural, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: la legitimidad. Y en ese contexto de desconfianza se ha consolidado otro fenómeno: la polarización política[6].

Durante las últimas elecciones y las erosiones institucionales posteriores, el debate público peruano se fue organizando en torno a divisiones cada vez más rígidas, especialmente marcadas por las segundas vueltas. La política comenzó a estructurarse como una disputa entre bandos: izquierda versus derecha, Lima versus regiones, establishment versus antisistema, mestizos/igualitarios versus blancos/racistas.

La polarización no implica simplemente que existan opiniones distintas. Las democracias saludables necesitan del disenso. El problema surge cuando el adversario político deja de ser visto como un competidor legítimo y pasa a ser percibido como una amenaza, como pasó con Pedro Castillo cuando había ganado las elecciones y aún no había asumido la Presidencia.

En ese escenario, cada información que circula es interpretada según la identidad política de quien la emite. La verdad deja de ser un terreno común y se convierte en una cuestión de lealtades.

Por ello, si la desconfianza es el terreno, las redes sociales se han convertido en el amplificador. Las plataformas digitales organizan la información mediante algoritmos diseñados para maximizar la interacción. Esto significa que el contenido que genera más emociones —indignación, miedo, enojo— suele tener mayor visibilidad.

El resultado es lo que los investigadores llaman burbujas informativas[7]: entornos digitales donde los usuarios reciben principalmente contenidos que refuerzan sus propias creencias.

En el Perú, donde el consumo de redes sociales para informarse es cada vez más alto, estas dinámicas tienen efectos políticos claros. Los ciudadanos terminan expuestos a versiones distintas —y a veces incompatibles— de la realidad.

El problema no es únicamente tecnológico. Es también cultural: en un país donde la confianza ya es baja, cualquier información que confirme las sospechas previas tiende a ser aceptada con rapidez. Así, los rumores, teorías conspirativas o noticias falsas encuentran un terreno fértil para expandirse.

Las elecciones de abril llegarán en este contexto de desconfianza estructural, polarización política y saturación informativa con inteligencia artificial.

En las democracias consolidadas, las elecciones funcionan como un mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Los ciudadanos votan, los resultados se aceptan y el sistema continúa. Pero en sociedades como la nuestra donde la confianza institucional es baja, el proceso electoral puede convertirse en un momento de mayor tensión. Cada resultado es interpretado con sospecha, cada derrota se percibe como una injusticia y cada victoria es cuestionada.

No se trata de un fenómeno exclusivamente peruano. Diversos países han experimentado procesos similares en los últimos años y a nivel mundial es incuestionable el papel de las ultraderechas[8] y su instrumentalización del voto católico. Sin embargo, en el Perú el problema se ve agravado por la fragilidad histórica del sistema de partidos y por la debilidad institucional.

«Las sociedades democráticas no funcionan porque todos estén de acuerdo, sino porque aceptan reglas comunes para gestionar el conflicto.»

Frente a este escenario, la ciudadanía adquiere un papel central pues durante mucho tiempo se pensó que la calidad de la democracia dependía principalmente de las instituciones o de solo tener procesos electorales. Hoy se entiende que también depende del comportamiento de los ciudadanos: la democracia necesita demócratas.

En un ecosistema informativo saturado, informarse ya no es un acto pasivo. Es una decisión activa. Requiere contrastar fuentes, verificar datos y resistir la tentación de compartir contenidos diseñados para provocar reacciones emocionales inmediatas.

Romper los algoritmos implica precisamente eso: salir de la burbuja informativa. Leer medios con distintas líneas editoriales, contrastar datos, revisar fuentes originales y desconfiar de mensajes que apelan únicamente a la indignación son prácticas que fortalecen el debate público.

La alfabetización mediática —la capacidad de evaluar críticamente la información— se ha convertido en una competencia democrática fundamental. El periodismo, a su vez, cumple un rol que va más allá de informar.

Los medios que practican verificación de datos, contextualización y análisis contribuyen a reconstruir el terreno común sobre el cual puede desarrollarse el debate democrático. En sociedades polarizadas, el periodismo profesional actúa como una especie de infraestructura cívica: ayuda a establecer qué hechos son verificables y cuáles no.

Sin embargo, los medios también enfrentan su propia crisis de confianza. En el Perú, diversos estudios han mostrado que la credibilidad de la prensa se ha deteriorado en los últimos años, en parte por percepciones de concentración mediática y polarización política.[9]

Esto obliga al periodismo a un desafío adicional: recuperar la confianza de sus audiencias mediante transparencia, rigor y apertura al escrutinio público.

Finalmente, la reconstrucción de la confianza social no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento que requiere reformas institucionales, transparencia y liderazgos políticos capaces de generar consensos y esperanzas. Pero también requiere algo más difícil de construir: una cultura cívica basada en el respeto al desacuerdo.

Las sociedades democráticas no funcionan porque todos estén de acuerdo, sino porque aceptan reglas comunes para gestionar el conflicto. En el Perú, el reto consiste precisamente en reconstruir ese terreno común.

Las elecciones de abril no serán solo una competencia entre candidatos. Serán también una prueba para la salud y vocación democrática del país.

El verdadero desafío no se limita a elegir nuevas autoridades, sino a recuperar algo que hoy parece escaso: la confianza en el sistema democrático.

En una sociedad atravesada por la sospecha, la ciudadanía tiene una responsabilidad más difícil que nunca, pero decisiva. Informarse con rigor, evitar la propagación de desinformación y reconocer la legitimidad del adversario político democrático son actos que fortalecen la democracia.

En última instancia, la confianza no es solo un indicador social. Es una condición para que la política funcione. Y en el Perú de hoy, reconstruirla se ha vuelto una tarea urgente.

[1] Ipsos (2022). Global Trustworthiness Monitor. Ipsos Global Advisor.

[2] Corporación Latinobarómetro (2024). Informe Latinobarómetro 2024.

[3] Latinobarómetro (2023–2024). Confianza en instituciones en América Latina.

[4] Instituto de Opinión Pública PUCP (2023). Confianza interpersonal y en las instituciones en el Perú.

[5] Transparencia Internacional (2024). Índice de Percepción de la Corrupción.

[6] Mejía Navarrete, Julio. (2024). Polarización política en el Perú, 2000-2023. Discursos del sur, (14), 236-269. Epub 29 de diciembre de 2024.https://doi.org/10.15381/dds.n14.29843

[7] López Julca, Ronald, Julca Guerrero, Félix, Nivin Vargas, Laura, Allauca Castillo, Wendy, Robles Trejo, Luis, & Robles Blacido, Elmer. (2024). El filtro burbuja y el derecho a la información en la web. Desde el Sur, 16(1), e0017. Epub 31 de enero de 2024.https://doi.org/10.21142/des-1601-2024-0017

[8] Bastante, J. (2026, febrero 23). El Papa advirtió a los obispos españoles del ascenso de la “ideología de la ultraderecha”. elDiario.es. https://www.eldiario.es/sociedad/papa-advirtio-obispos-espanoles-ascenso-ideologia-ultraderecha_1_13012021.html

[9] LAPOP / Barómetro de las Américas (2023). Confianza en instituciones y medios en América Latina.

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En su obra cumbre Los partidos políticos (1951), Maurice Duverger señala que los partidos políticos deben, al menos: i) contar con una organización estable y permanente; ii) poseer una estructura interna articulada; iii) tener una base de apoyo social y iv) mostrar voluntad para ejercer el poder. Esta definición básica difícilmente se cumple en el Perú.

La noción de organización estable y permanente parece una quimera en nuestro país, especialmente para los partidos que han llegado al poder. Basta revisar los casos posteriores a la recuperación de la democracia en 2001: Perú Posible, el APRA, el Partido Nacionalista y Peruanos por el Kambio perdieron su inscripción tras alcanzar la presidencia. Incluso es altamente probable que Perú Libre siga el mismo destino.

Respecto a la estructura interna articulada, se ha documentado ampliamente que la regla, más que la excepción, es la fragilidad organizativa. Muchos partidos funcionan como «combis electoreras», cascarones vacíos o vientres de alquiler que se ofrecen al mejor postor en cada elección. De debate ideológico, mística partidaria, formación política o ideario, poco o nada.

«La debilidad extrema de los partidos tiene efectos muy serios; uno de los más visibles es la fragmentación electoral.»

En cuanto a la base de apoyo social, los partidos peruanos se encuentran prácticamente en cuidados intensivos. De acuerdo con Latinobarómetro (2021), el 90 % de peruanos desaprueba el funcionamiento de los partidos políticos, un porcentaje que supera al de todos los demás países de América Latina. A su vez, esta misma fuente indica que la confianza en partidos políticos en Perú era de solo 7%, por debajo del promedio regional de 13 %. Otra fuente, el Barómetro de las Américas (2023), indica que solo alrededor del 7 % de peruanos confía en los partidos, ubicando a Perú en el último lugar del continente en términos de confianza ciudadana.

Finalmente, la voluntad para ejercer el poder tampoco se refleja en la práctica. Al no haber organización estable, apoyo social y una estructura interna articulada, el ejercicio del poder no está en función de resolver los problemas de la ciudadanía, sino en favorecer el usufructo privado y el interés de camarillas afines.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Diversos expertos han reflexionado sobre este tema a lo largo de la historia. Desde un punto de vista más histórico y sociocultural, Carlos Iván Degregori (2015) subrayó que el Perú sufre un proceso de descomposición de «mediaciones tradicionales» y crisis de representación post-conflicto armado interno. Para este autor, la guerra con Sendero Luminoso y la aparición de figuras mesiánicas como Fujimori son factores que explican la extrema debilidad de los partidos políticos.

Por otra parte, desde un punto de vista mucho más politológico, investigadores como Tanaka et al. (2011) señalan que lo poco que quedaba del sistema de partidos fue arrasado por el híper presidencialismo de Fujimori. Para este autor, a partir de los años 90, se puede visualizar una lógica electoral antisistema con acento mesiánico. De igual forma, Vergara (2013) afirma que el país vive una «democracia electoral sin sistema de representación sólido». Para este académico, las élites políticas están totalmente desconectadas de la sociedad. Por ende, la fragmentación no es solo institucional, es social.

Profundizando un poco más esta óptica institucional, Levitsky y Zavaleta (2019) mencionan que la representación política en el Perú es una «coalición de independientes», donde los partidos funcionan como franquicias electorales. Para estos autores, la política no es otra cosa que un conjunto de microempresas políticas, donde las bancadas carecen de cohesión real. A su vez, Dargent (2022) afirma que el Congreso no es un espacio de disputa ideológica, sino una arena transaccional.

La debilidad extrema de los partidos tiene efectos muy serios; uno de los más visibles es la fragmentación electoral. Si comparamos las últimas elecciones presidenciales en las principales economías de América Latina, el contraste con Perú es evidente.

¿Cómo podemos revertir esta situación? Técnicamente es factible, aunque políticamente resulta sumamente complicado por el deterioro de la credibilidad de la clase política en su conjunto. No obstante, ya se han presentado algunas propuestas que es importante retomar.

«La crisis de los partidos políticos en el Perú no es un fenómeno coyuntural, sino estructural de extrema gravedad.»

En 2018, tras la crisis generada por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno de Martín Vizcarra conformó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, conocida como Comisión Tuesta. Su objetivo era proponer una reforma integral del sistema político y electoral. Entre sus principales propuestas estaban:

Primero, establecer elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta propuesta, inspirada en el modelo argentino, tenía como objetivo impedir que partidos pigmeos o liliputienses, sin representación real, pudieran participar en la elección presidencial.  Segundo, regular el transfuguismo parlamentario, para fortalecer las bancadas en el Congreso. Tercero, proscribir el voto preferencial. Desde mi punto de vista, esta es la apuesta más importante, ya que se busca prohibir ese mecanismo perverso que fomenta la competencia interna, aumenta los costos de campaña (quien paga más tiene mejor lugar en la lista), y debilita la cohesión partidaria al incentivar el personalismo.

A manera de conclusión, la crisis de los partidos políticos en el Perú no es un fenómeno coyuntural, sino estructural de extrema gravedad. Su fragilidad organizativa, la escasa o nula base social, la falta de ideario y la prevalencia de prácticas clientelares explican la alta fragmentación electoral y la desconexión entre élites y sociedad. Las propuestas de reforma de la Comisión Tuesta ofrecen caminos concretos para fortalecer la institucionalidad partidaria y recuperar la confianza ciudadana, aunque su implementación requiere voluntad política y un compromiso genuino con la democracia representativa. En las elecciones venideras, es fundamental que como ciudadanos apostemos por candidaturas que se tomen en serio la crisis del sistema de partidos, en aras de consolidar y salvaguardar nuestra democracia.

Bibliografía

Barómetro de las Américas. (2023). Barómetro de las Américas 2023: Perú — confianza en instituciones y democracia [Informe de investigación]. Instituto de Estudios Peruanos (IEP) & Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).

Degregori, C. I. (2015). ¿De quién es la democracia?: Análisis político (P. Sandoval & J. C. Agüero, Eds.). Instituto de Estudios Peruanos.

Duverger, M. (1954). Political parties: Their organization and activity in the modern state (B. North & R. North, Trans.). Methuen.

Latinobarómetro. (2023). Estudio Latinobarómetro 2023: Informe y datos por país [Datos estadísticos]. Corporación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2023

Levitsky, S., & Zavaleta, M. (2019). ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Editorial Planeta Perú S. A

Tanaka, M., Romero, C., Adrianzén, A., & Levitsky, S. (2011). La calidad de la democracia en el Perú y en América Latina. Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo Editorial

Vergara, A. (2013). Political Representation in Latin America: A Peruvian Case of Democracy Without Parties. In Political Representation in Latin America (pp. 21–44). Routledge.

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El proceso electoral de 2026 se desarrolla en un país atravesado por una crisis prolongada de representación y por un ciclo reciente de conflictividad social que tuvo en el sur andino su epicentro. Regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac no solo registraron algunas de las movilizaciones más intensas entre 2022 y 2023, sino también los mayores niveles de violencia y vulneración de derechos. Hoy, esas mismas regiones están llamadas a participar en un nuevo proceso electoral, con heridas aún abiertas y una profunda desconfianza hacia el sistema político.

Elecciones con memoria reciente

El ciclo de protestas iniciado tras la crisis política de diciembre de 2022 dejó un saldo doloroso: decenas de personas fallecidas, cientos de heridos, procesos judiciales en curso y una percepción extendida de impunidad. En territorios con una larga historia de exclusión ―marcados por el conflicto armado interno, la desigualdad estructural y la débil presencia estatal―, los acontecimientos recientes reactivaron memorias colectivas de violencia y marginación.

En este contexto, el proceso electoral no es un evento aislado, sino que forma parte de una secuencia histórica. Votar no significa simplemente elegir autoridades, implica hacerlo en medio de un duelo inconcluso, con demandas de justicia pendientes y con un vínculo deteriorado entre ciudadanía e instituciones.

La pregunta de fondo es si el sistema político ha sido capaz de escuchar el mensaje que se expresó en las calles. Las movilizaciones no fueron homogéneas, pero compartieron un núcleo común: la percepción de que el poder político se ejerce de espaldas a las regiones y que las decisiones nacionales no recogen la diversidad territorial, cultural y social del país. La narrativa que redujo la protesta a un fenómeno «violento» o «manipulado» contribuyó a profundizar la fractura entre Lima y el sur andino.

Representación política en crisis

La representación política en estas regiones enfrenta al menos tres desafíos estructurales de fondo:

1. Desconfianza institucional

Las encuestas muestran niveles críticos de desaprobación hacia el Congreso, los partidos y el sistema de justicia. En el sur andino, esta desconfianza se agrava por la percepción de trato discriminatorio y por el uso desproporcionado de la fuerza como respuesta estatal a la protesta. La distancia no es solo política, sino también simbólica y cultural.

2. Debilidad de los partidos

La fragmentación partidaria y la lógica de candidaturas improvisadas afectan especialmente a territorios donde la organización social es fuerte, pero la intermediación política es frágil. Las comunidades, rondas campesinas, organizaciones de mujeres y juventudes han demostrado capacidad de movilización; sin embargo, esa energía no se traduce automáticamente en representación institucional efectiva.

3. Centralismo persistente

Aunque el país cuenta con un proceso de descentralización, las decisiones estratégicas sobre presupuesto, infraestructura y políticas públicas siguen concentradas. Esto alimenta la percepción de que las elecciones nacionales, más allá de las promesas de campaña, tienen poco impacto real en la vida cotidiana de las regiones.

En este escenario, el riesgo es doble: por un lado, la abstención o el voto de protesta; por otro, la emergencia de discursos que capitalizan el malestar sin ofrecer salidas democráticas sostenibles.

«Votar no significa simplemente elegir autoridades, implica hacerlo en medio de un duelo inconcluso, con demandas de justicia pendientes y con un vínculo deteriorado entre ciudadanía e instituciones.»

Las heridas abiertas y la justicia pendiente

Un proceso electoral que ignora el impacto de la violencia reciente corre el riesgo de profundizar la fractura social. La demanda de verdad, justicia y reparación no es un asunto del pasado; está directamente vinculado con la legitimidad del presente.

En regiones como Ayacucho y Puno, la memoria de los hechos de 2022 y 2023 se superpone con la memoria del conflicto armado interno de 1980 al 2000. Esta doble experiencia de violencia estatal genera una sensibilidad particular frente a las propuestas de «mano dura» y a los discursos que plantean soluciones autoritarias frente a la inseguridad o la conflictividad social.

La legitimidad democrática no se reconstruye solo con elecciones formales, requiere garantías efectivas de derechos, la investigación imparcial de las violaciones y el reconocimiento del dolor de las víctimas. Sin estos elementos, el proceso electoral puede percibirse como un trámite institucional desconectado de la realidad territorial.

«En regiones como Ayacucho y Puno, la memoria de los hechos de 2022 y 2023 se superpone con la memoria del conflicto armado interno de 1980 al 2000.»

¿Qué liderazgo político emerge —o se requiere—?

El contexto descrito plantea una reflexión sobre el tipo de liderazgo que puede surgir o que sería necesario en estas regiones.

1. Liderazgos con arraigo territorial

La experiencia reciente ha mostrado la centralidad de dirigentes locales, autoridades comunales, lideresas indígenas y jóvenes activistas. Un liderazgo con legitimidad en el territorio no se construye desde la coyuntura electoral, sino desde la trayectoria y el compromiso sostenido con las comunidades.

2. Liderazgos interculturales

En regiones con fuerte presencia de pueblos quechuas y aimaras, la representación política no puede reducirse a la traducción lingüística, requiere comprender cosmovisiones, formas propias de organización y prioridades diferenciadas. La interculturalidad debe expresarse en la agenda y en las prácticas políticas.

3. Liderazgos con enfoque de derechos

El riesgo de respuestas simplistas frente al malestar social es alto; sin embargo, las regiones que han vivido violencia estatal reciente demandan garantías, no más coerción. Un liderazgo comprometido con los derechos humanos no implica debilidad frente al delito, sino un enfoque integral que combine seguridad, justicia social y participación ciudadana.

4. Liderazgos éticos y transparentes

La crisis de representación está estrechamente vinculada a la corrupción y al uso instrumental del poder. En territorios donde el Estado suele aparecer solo en contextos de conflicto, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en condiciones mínimas para recuperar confianza.

El papel de las juventudes y las mujeres

Las movilizaciones de 2022 y 2023 evidenciaron una fuerte participación juvenil y femenina. Muchas mujeres —incluidas lideresas rurales e indígenas— asumieron roles visibles en la organización y en la defensa de derechos. Sin embargo, esa presencia no siempre se traduce en candidaturas competitivas ni en espacios de decisión.

El proceso electoral ofrece una oportunidad para fortalecer la participación política de juventudes y mujeres desde una perspectiva territorial. Esto exige superar barreras estructurales: financiamiento desigual, violencia política, racismo y estigmatización.

Un liderazgo emergente en el sur andino podría caracterizarse por su dimensión intergeneracional, por la articulación entre memoria y futuro, y por la capacidad de conectar demandas locales con agendas nacionales.

«En territorios donde el Estado suele aparecer solo en contextos de conflicto, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en condiciones mínimas para recuperar confianza.»

Riesgos y oportunidades del proceso 2026

El escenario electoral en regiones marcadas por el conflicto reciente presenta riesgos evidentes: polarización, campañas que instrumentalicen el dolor, uso político de la justicia o promesas inviables que profundicen la frustración. También existe el riesgo de que el debate nacional ignore las particularidades territoriales y reduzca el sur andino a una categoría homogénea.

No obstante, también hay oportunidades. La experiencia de movilización ha fortalecido redes sociales, articulaciones regionales y conciencia cívica. El desafío es transformar esa energía en propuestas programáticas claras y en mecanismos de incidencia sostenida.

Para ello, se requiere:

• Incorporar en los planes de gobierno compromisos explícitos con la investigación de las violaciones de derechos humanos recientes y el acceso a la justicia.
• Garantizar espacios de diálogo territorial previos y posteriores a las elecciones.
• Promover candidaturas con legitimidad social y trayectoria comprobada.
• Fortalecer la educación cívica y la información electoral en lenguas originarias.

«No se trata solo de quién gane, sino de cómo se reconstruye el vínculo entre Estado y ciudadanía en territorios donde la confianza ha sido erosionada.»

Más allá de la elección

Las elecciones de 2026 serán una prueba para la democracia peruana, especialmente en el sur andino. No se trata solo de quién gane, sino de cómo se reconstruye el vínculo entre Estado y ciudadanía en territorios donde la confianza ha sido erosionada.

Un proceso electoral con heridas abiertas exige responsabilidad política, sensibilidad histórica y compromiso ético. Requiere reconocer que la democracia no puede sostenerse únicamente en procedimientos formales, sino en la garantía efectiva de derechos, en la inclusión real de la diversidad territorial y en la construcción de una representación que refleje la pluralidad del país.

En regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac, el voto no será un acto neutro, estará atravesado por memoria, dolor y expectativa. La pregunta central es si el sistema político estará a la altura de ese momento, ofreciendo liderazgos capaces de transformar la indignación en proyecto democrático y la herida en posibilidad de futuro compartido.

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De cara a las elecciones generales del mes de abril, el Perú se enfrenta, nuevamente, a un escenario marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y por una persistente brecha entre el Estado y la ciudadanía. De acuerdo a los resultados del Latinobarómetro 2024, solo el 44 % de peruanos apoya la democracia por encima de cualquier otra forma de gobierno; ello contrasta con la encuesta de 2023 que arrojaba un 50 % de apoyo[1]. La disminución del 6 % muestra un retroceso al respaldo de la democracia como mejor forma de gobierno.

Estas cifras no solo reflejan el descontento con el sistema de gobierno, sino con la forma de «hacer» política, que nos ha llevado a una década de crisis y confrontación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que ha acarreado la destitución de ocho presidentes. Ello demuestra una debilidad institucional que se ha hecho más profunda en el periodo presidencial en el que nos encontramos. En este contexto, hallamos profundas brechas en torno a acceso a agua segura, servicios de salud y conectividad, servicios que no han sido cubiertos por los gobiernos y que ha llevado, directamente, a un descrédito sobre la percepción de la capacidad estatal.

De esta manera, la democracia debe de evaluarse desde la experiencia concreta, lo que supone realizar las siguientes preguntas: ¿el Estado puede garantizar derechos?, ¿escucha y dialoga con organizaciones locales?, ¿responde de manera oportuna y respetando la cultura?, ¿puede garantizar acceso a servicios básicos? Para muchas organizaciones locales, la presencia del Estado es intermitente y su presencia se asocia, casi exclusivamente, a los espacios municipales o a la intervención de los programas sociales; ello más que a procesos sostenidos de desarrollo territorial articulado.

«Para muchas organizaciones locales, la presencia del Estado es intermitente y su presencia se asocia, casi exclusivamente, a los espacios municipales o a la intervención de los programas sociales; ello más que a procesos sostenidos de desarrollo territorial articulado.»

En ese sentido, queremos centrarnos en los procesos de participación e incidencia de las organizaciones locales del Alto Piura, principalmente las que son acompañadas por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Dentro de los procesos de asesoría y acompañamiento que hemos realizado, podemos constatar que los procesos democráticos adquieren mayor densidad cuando tienen base en las propias capacidades locales articuladas, como son organizaciones que deliberan y realizan incidencia, liderazgos sociales que dialogan con las autoridades locales y una ciudadanía que se encuentra en constante vigilancia. Bajo esa perspectiva, se reafirma a la democracia como práctica cotidiana que busca reforzar los lazos comunes entre el Estado y la ciudadanía.

El CIPCA y la formación ciudadana en los territorios

Para entender la contribución del CIPCA en la formación ciudadana en los territorios, es crucial revisar su historia institucional y su papel como actor movilizador en la región Piura. Es importante resaltar su origen y la relación futura con el desarrollo territorial y la reducción de las desigualdades. Un marco adecuado requiere considerar el contexto histórico y político del CIPCA e identificar cuatro momentos clave que evidencian su profunda preocupación por la democracia y la ciudadanía organizada[2].

El primer momento está ligado al contexto de la reforma agraria y a la construcción del campesinado como sujeto político con agencia, época en que se desarrolló la propuesta de educación popular del CIPCA. Este enfoque fue determinante para el desarrollo de la formación ciudadana dentro de la institución. Como sostenía Bruno Revesz, «el campesinado se constituye como sujeto político que toma conciencia de su propio rol en relación con otros sectores socioeconómicos»[3], reconocimiento que implica una reconfiguración de las dinámicas regionales.

«El trabajo perdura dentro de las organizaciones del territorio para fortalecer las capacidades de planificación y gestión concertada, con miras al desarrollo sostenible y la mejora de sus territorios. «

El segundo momento corresponde a la situación en torno al fenómeno de El Niño, un desastre que evidenció la precariedad y la desigualdad en la región. Este suceso permitió una reconfiguración del rol del CIPCA, de tal manera que se posicionó como actor regional relevante en la investigación y en la comprensión de procesos de descentralización y regionalización, así como en su impacto en la sociedad civil y su interés por articularse.

En los años noventa ―tercer momento―, el CIPCA orientó su acción hacia la gobernabilidad, a través de la asesoría y la formación de capacidades, trabajando con municipalidades rurales y con instancias de la sociedad civil y regional en un contexto de conflicto armado interno y de dictadura que estuvo permeado por prácticas clientelares para sostener el poder. Con la vuelta a la democracia, se retoma la discusión sobre la descentralización, la planificación concertada y el fortalecimiento de capacidades de gobiernos municipales e institucionalidad regional, lo que permitió reforzar el imaginario de desarrollo de la región Piura de manera integral.

En el cuarto momento (siglo XXI), el CIPCA continúa con los procesos de fortalecimiento de capacidades sin perder de vista su propósito inicial: trabajar con los actores que dinamizan las relaciones sociales, prestando atención a lo local. El trabajo perdura dentro de las organizaciones del territorio para fortalecer las capacidades de planificación y gestión concertada, con miras al desarrollo sostenible y la mejora de sus territorios. Asimismo, dentro de la estrategia se contempló el trabajo con las municipalidades; ello tiene como objetivo que estas sean capaces de recoger e implementar las propuestas de las organizaciones sociales de base para articularlas con las demandas a nivel regional.

Con el impacto económico y la reorganización de dinámicas locales, las economías diversificadas en la región ―especialmente las agroexportadoras y las industrias extractivas― han modelado las relaciones sociales, las dinámicas de participación y la política, lo cual da cuenta de las fracturas y tensiones que atraviesa el país y la región. En ese contexto, el CIPCA necesita mantener una continua reflexión acerca de las estrategias de actuación que deberían conservarse para dinamizar el rol de la ciudadanía y acerca de las que han de cambiar, de acuerdo a las características territoriales y de contexto.

Contexto de formación ciudadana local

Desde el CIPCA se han impulsado programas de formación para lideresas y líderes rurales: juntas de usuarios, rondas campesinas, Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asociaciones productivas y espacios de concertación local. Esto ha sido una forma de resistencia que dinamiza la participación y el involucramiento de la sociedad civil, y que ha permitido identificar problemas recurrentes y estructurales que los sitúan en situación de desventaja, así como el impacto de las decisiones de la agenda nacional en lo local.

La labor del CIPCA como articulador y movilizador apuesta por la representatividad y por agendas diversas. Esto implica una mirada no solo territorial, sino también interseccional, que permite que actores históricamente excluidos ―mujeres rurales, juventudes, comunidades LGBTIQ+― se incorporen en la construcción de propuestas que garanticen el desarrollo regional. Este proceso no está exento de disputas: cuestiona jerarquías tradicionales, enfrenta resistencias culturales y redefine la representación política en clave de género e interculturalidad.

Los cambios de fondo requieren procesos continuos y sostenidos por parte de actores estatales que los implementen y por actores sociales que los vigilen[4] y, en ese sentido, actualmente, el CIPCA impulsa proyectos locales y regionales que promueven espacios de diálogo inclusivos, donde las voces diversas se encuentran, se sienten representadas y construyen propuestas ciudadanas concretas para superar la crisis política nacional y fortalecer la gobernabilidad.

«El principal desafío de cara a los procesos electorales de este año es trabajar en el actuar de la ciudadanía frente a la polarización en la política, la desinformación y la «naturalización» de la corrupción.»

Se está llevando a cabo el fortalecimiento continuo de capacidades para brindar herramientas de negociación, construcción de consensos y mecanismos de seguimiento para la rendición de cuentas y el voto informado. Esto exige también que, en la labor del CIPCA, se reflexione sobre elementos que pueden contribuir a procesos, como la transparencia, las formas en que se teje el poder, el cumplimiento de los acuerdos y la construcción de liderazgos intergeneracionales. Sin estas bases, las propuestas de trabajo pueden percibirse como infructuosas.

Un proceso central en la formación ciudadana ha sido fomentar la participación y el involucramiento de las mujeres rurales en espacios públicos y de poder, con el fin de propiciar su actuación y toma de decisiones en la construcción de agendas que prioricen problemáticas invisibilizadas, así como integrar sus visiones en lo comunitario y productivo.

El CIPCA aún enfrenta cambios importantes y es consciente de lo desafiante que puede resultar pensar en la región y en lo local, especialmente en este contexto de crisis; por ello, restan por resolver algunas interrogantes: ¿Es posible mejorar la cohesión manteniendo la vinculación entre Estado y sociedad civil? ¿Existe la posibilidad de fortalecer esa cohesión manteniendo las mismas formas de vinculación entre Estado y sociedad civil en lo local? ¿El diálogo es real, o es que, así como los cambios históricos y políticos han influenciado la construcción de significados y relaciones, ahora es el momento de revisar otras formas de articulación?

Desafío frente al proceso electoral 2026

El principal desafío de cara a los procesos electorales de este año es trabajar en el actuar de la ciudadanía frente a la polarización en la política, la desinformación y la «naturalización» de la corrupción. Estos elementos terminaron por debilitar la credibilidad de un sistema que, a pesar de ser sólido en términos macroeconómicos, ya mostraba indicios de descrédito y desconfianza en los ciudadanos.

Un segundo desafío es continuar fortaleciendo el sentido de colectividad en los territorios del Alto Piura para recuperar los espacios de debate, deliberación y vigilancia entre las organizaciones de base y las autoridades locales. Esto posibilita redefinir, a nivel colectivo, la función del espacio público como lugar de encuentro y de consensos, y tiene como desafío considerar los problemas estructurales de la región que se suman a las brechas existentes, como son los efectos del cambio climático, el fenómeno de El Niño, la crisis hídrica y las economías agrarias.

Un tercer desafío tiene que ver con el empoderamiento local que implica reconocer a la comunidad como sujeto político y no sólo como beneficiario de políticas públicas. Esto se condensa con la continuidad de los espacios formativos a líderes locales con capacidad de agencia y representatividad en su comunidad. La formación que reciben los hará conscientes de las potencialidades de los recursos en sus territorios y cambiará la percepción sobre el desarrollo.

Finalmente, resulta crucial recuperar el sentido ciudadano en los territorios del Alto Piura y en la región. Para ello, es importante reconocer las particularidades de cada territorio tanto en su historia, economía, aspectos ecológicos, productivos y culturales. El reconocimiento de estos elementos permite crear un trabajo colectivo basado en la construcción de espacios democráticos territoriales.

[1] Corporación Latinobarómetro. (2024). Estudio Latinobarómetro 2024: Oleada 2024 – Versión agregada. https://tinyurl.com/4upbz4s7

[2] Espinoza, J. (2022). Pensar la región Piura desde la periferia rural: 50 años del Centro de Investigación y promoción del Campesinado. CIPCA.

[3] Revesz, B. (1989). Agro y campesinados. CIPCA.

[4] Dargent, E. (2021). El páramo reformista. Un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar al Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú.

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A propósito de las próximas elecciones nacionales, regionales y locales, es importante detenernos a mirar lo que ocurre en los territorios donde la democracia se construye día a día. En el valle sur del Cusco, la provincia de Quispicanchi nos ofrece una lección valiosa sobre la participación, el desarrollo y el liderazgo femenino.

Quispicanchi es una de las provincias más significativas del departamento del Cusco, tanto en territorio como en población. Ubicada en el valle sur, se divide geográficamente en tres pisos ecológicos claramente diferenciados: zona amazónica, altoandina y zona de valle. Esta diversidad no solo marca su paisaje; también define sus dinámicas productivas, culturales y sociales.

Hoy, Quispicanchi es una provincia en transición hacia una producción con enfoque agroecológico y sostenible. La diversificación productiva de la agricultura familiar se va consolidando en cultivos y crianzas: fresas, flores, hortalizas, aves, apicultura, lácteos, cuyes, truchas y otros productos bajo prácticas que buscan equilibrio con el medio ambiente. A la par, el turismo comunitario y la gastronomía fortalecen una economía que intenta ser respetuosa con su entorno natural y cultural.

Detrás de esta transformación hay mujeres y varones emprendedores, productores y transformadores de una realidad que muchas veces les ha sido adversa. Sin embargo, cuando miramos con mayor atención, encontramos que las mujeres no solo sostienen gran parte de la economía familiar y comunitaria, sino que también vienen asumiendo un rol cada vez más visible en la vida pública.

«Cuando miramos con mayor atención, encontramos que las mujeres no solo sostienen gran parte de la economía familiar y comunitaria, sino que también vienen asumiendo un rol cada vez más visible en la vida pública.»

En este contexto, desde la Asociación Jesús Obrero – CCAIJO, en colaboración con la ONG australiana Mary Mackillop Today (MMT) y con el apoyo del Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) del Gobierno Australiano, se viene acompañando uno de los procesos sociales y políticos más importantes en la provincia: el Proyecto de Empoderamiento Político de las Mujeres Quispicanchinas.

Este proyecto tiene como propósito fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres a través de la Organización Provincial de Mujeres Micaela Bastidas y sus bases distritales, así como acompañar a las mujeres autoridades —especialmente regidoras— en el ejercicio adecuado de sus funciones. La meta es clara: garantizar su participación efectiva en espacios de concertación y toma de decisiones, a través de la promoción e implementación de la Agenda de Desarrollo de la Mujer Quispicanchina.

Iniciado en 2019, el proyecto se mantiene vigente hasta hoy. En estos seis años ha acompañado a más de 600 personas entre regidoras, mujeres organizadas, lideresas jóvenes y líderes comunales. El proceso no se ha limitado a talleres técnicos. Ha implicado un trabajo profundo en el desarrollo humano individual —autoestima, seguridad, comunicación, conocimiento de derechos— y una transición hacia el fortalecimiento organizacional colectivo.

«La presencia formal de mujeres en las listas no siempre se traduce en condiciones equitativas de campaña, acceso a financiamiento, protección frente al acoso político o respaldo institucional.»

El resultado es evidente: las mujeres quispicanchinas han ganado notoriedad, visibilidad y reconocimiento. Sus voces se escuchan con mayor claridad y seguridad. Sus agendas son el resultado de procesos que concluyen en propuestas concretas que abordan violencia de género, autonomía económica, participación política, educación, acceso a servicios básicos y desarrollo productivo sostenible.

Sin embargo, este avance ocurre en un contexto nacional complejo. El Perú atraviesa un periodo prolongado de inestabilidad política. La confrontación entre poderes del Estado, la desconfianza ciudadana y los constantes cambios en el liderazgo político han debilitado la institucionalidad. En este escenario, quienes más sufren son las familias que trabajan día a día para sostener sus hogares y comunidades.

Pero hay un grupo que enfrenta una vulnerabilidad aún mayor: las mujeres. Hablamos específicamente de sus derechos políticos. Tras décadas de lucha se logró la paridad y alternancia de género en las listas electorales, así como avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en distintos sectores. Estos logros fueron conquistas alcanzadas con activismo, organización, incidencia y perseverancia.

«Las próximas elecciones no solo definirán autoridades; también pondrán a prueba el compromiso real con la igualdad y la democracia.»

Sin embargo, el trabajo de años se ha visto afectado en el año 2025, ambas leyes sufrieron cambios sustanciales de enfoque y aplicación; inclusive puede verse más afectada si las reformas no se acompañan de cambios culturales y compromisos reales de los partidos políticos. La presencia formal de mujeres en las listas no siempre se traduce en condiciones equitativas de campaña, acceso a financiamiento, protección frente al acoso político o respaldo institucional.

En provincias como Quispicanchi, las barreras son múltiples: limitaciones económicas, cargas desproporcionadas de trabajo doméstico y de cuidado, prejuicios culturales, acoso político y escaso acceso a redes de poder. Aun así, las mujeres siguen participando desde la convicción comunitaria.

El Proyecto de Empoderamiento Político ha demostrado que cuando una mujer conoce sus derechos, fortalece su autoestima y cuenta con una organización que la respalda, su impacto trasciende lo individual. Una regidora que entiende su rol fiscalizador y normativo puede aportar a la mejora de la calidad del uso del recurso público. Una lideresa comunal formada puede incidir en presupuestos participativos y espacios de toma de decisiones. Una joven capacitada puede alcanzar propuestas innovadoras y convertirse en la nueva voz para los cambios estratégicos.

En tiempos electorales, esto cobra especial relevancia. Las próximas elecciones no solo definirán autoridades; también pondrán a prueba el compromiso real con la igualdad y la democracia. No basta con cumplir cuotas. Es necesario garantizar condiciones para que las mujeres ejerzan sus cargos sin violencia ni deslegitimación.

Quispicanchi, con su diversidad socioeconómica, necesita políticas públicas que reconozcan el aporte femenino a las políticas y estrategias con pertinencia cultural en la educación, salud, justicia, así como a la sostenibilidad productiva, diversificación de ingresos de la economía familiar. Necesita autoridades que entiendan que el desarrollo sostenible no es un discurso, sino una práctica que integre la justicia social y la justicia ambiental. También necesita ciudadanía vigilante. Las mujeres organizadas han demostrado que pueden construir agendas propias y dialogar con los estamentos del Estado (local, regional y nacional). Ahora el desafío es que los partidos políticos y candidatos asuman compromisos concretos con estas agendas y no las utilicen solo como discurso de campaña.

Las elecciones son una oportunidad para renovar liderazgos, pero también para profundizar procesos que ya están en marcha. En Quispicanchi, el empoderamiento político de las mujeres no empezó ayer ni terminará con un proceso electoral. Es un camino de largo aliento que combina formación, organización y participación.

Si algo nos enseñan estos seis años de trabajo es que el cambio no es inmediato, pero es posible. Las mujeres quispicanchinas han demostrado capacidad de gestión, visión territorial y compromiso comunitario. Han pasado de ser espectadoras a protagonistas, han roto el silencio.

El reto ahora es sostener y ampliar estos avances en un contexto nacional incierto. La democracia local se fortalece cuando las voces históricamente excluidas ocupan espacios de decisión. Y cuando esas voces no solo están presentes, sino preparadas y organizadas, el impacto es transformador.

En el valle sur del Cusco, el futuro político no se define únicamente en Lima ni en los grandes debates nacionales. Se construye en asambleas comunales, en reuniones de organizaciones de mujeres, en talleres de formación y en concejos municipales donde regidoras alzan la voz.

De cara a las próximas elecciones, la pregunta no es solo quién gobernará, sino cómo se garantizará que el desarrollo sea inclusivo, sostenible y con igualdad de oportunidades. En Quispicanchi, las mujeres ya han dado un paso al frente. Ahora le toca al sistema político estar a la altura de ese compromiso.

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El 2024 fue conocido mundialmente como el «superaño electoral»[1], pues millones de personas acudieron a las urnas a ejercer su derecho a sufragar. Perú vivirá su propia versión del superaño electoral este 2026, con hasta cinco procesos electorales distintos en todos los niveles del Estado.

Este superaño implica procesos de suma complejidad para todos los actores ―organismos electorales, organizaciones políticas y sociedad civil― por diversos motivos. Primero, debido a un sistema de partidos atomizado: treinta y siete organizaciones políticas participarán de las Elecciones Generales 2026^[2], de las cuales más de la mitad no ha participado antes en otra elección. Por otro lado, están las reformas normativas que enmarcan el proceso, como el retorno a la bicameralidad después de más de treinta años, la conservación de las cédulas escrutadas, el incremento de miembros de mesa, entre otras.

«Votar es un deber de la ciudadanía, pero debería ser un voto consciente e informado.»

Desde el punto de vista logístico, estos cambios impactan en el material electoral, la educación y la capacitación de la ciudadanía, en la forma de sufragar e incluso en la confianza. Con este cambio normativo, tendremos una cédula de cinco columnas, que mide aproximadamente 42 cm de largo y 44 cm de ancho, en las que el electorado tendrá que elegir a la fórmula presidencial, la Cámara de Senadores (se escoge treinta a nivel nacional o por distrito electoral único y treinta a nivel regional o distrito electoral múltiple), la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. A esto se suma el uso del voto preferencial en las últimas cuatro columnas, lo que amplía las posibilidades de marcado y elección hasta un máximo de doce veces.

Esto repercutirá también en el trabajo de los otros actores clave durante la jornada electoral. Tomemos como referencia a los actores más importantes durante esta jornada: los miembros de mesa son quienes realizan el conteo de todos los votos emitidos por la ciudadanía y el llenado de las actas que plasmen la voluntad popular. Si bien siempre ha sido una labor compleja, con la cantidad de organizaciones políticas, la concurrencia de cinco elecciones y la posibilidad de voto preferencial, todo enmarcado en una sola cédula, los miembros de mesa tendrán una jornada extensa y complicada.

Aquí la labor de la ONPE y de los demás organismos electorales resulta clave para poder generar material que facilite las labores de los miembros de mesa durante toda la jornada electoral, pero también para realizar la educación y capacitación electoral necesaria para cumplir con su labor.

En este sentido, un segundo gran desafío es la educación electoral y la capacitación de los actores electorales. Por un lado, es necesario que el electorado conozca cómo será la cédula de votación, cómo marcar válidamente en ella, cuáles son las diferentes candidaturas que se encuentran en carrera y en qué elección están participando.

«Lo que se evidencia es que Perú vivirá un proceso electoral nunca antes visto en torno a su complejidad.»

Votar es un deber de la ciudadanía, pero debería ser un voto consciente e informado. Durante una elección es que, como ciudadanos, podemos decidir el rumbo que queremos tome el país durante los próximos años y no debemos solo interesarnos en las elecciones cada cuatro o cinco años. A menos de dos meses de la elección, el 46 % de la población no está interesada en el proceso electoral, de acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Peruanos[3].

Esto es acompañado por un tercer gran desafío, la desconfianza en el Estado y, por ende, también en los organismos electorales[4]. La organización y el desarrollo de las elecciones generales de 2021 en Perú representaron, sin lugar a duda, un reto para los organismos electorales. Según otro estudio del Instituto de Estudios Peruanos[5], la confianza en las elecciones ha sufrido un desgaste a través de los años; ha pasado del 46 % en 2012 al 33 % en 2021. Sin embargo, luego del año electoral, la proporción de la ciudadanía que respaldaba las elecciones disminuyó aún más, hasta alcanzar un 22 %.

Este es un gran obstáculo para la ejecución de las elecciones, pues la confianza resulta clave para poder llevar a cabo un proceso electoral. Por ello también se realizaron cambios normativos en esta línea, que se aplicarán para las elecciones generales del 12 de abril. Quizás el más importante de estos sea la conservación de las cédulas escrutadas y la posibilidad del recuento. Esta es una opción que ya se aplica en otros países de la región (Argentina, Chile, Colombia, México, Ecuador, entre otros) y que en Perú no estaba normada, de modo que una vez que los miembros de mesa llenaban las actas electorales, se procedía a destruir las cédulas escrutadas.

Para las elecciones generales, estas cédulas serán replegadas a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales al finalizar la jornada electoral. Ahí serán conservadas por si algún Jurado Electoral Especial, en base a las causales especificadas en su reglamento, solicita un recuento de los votos de una mesa específica. Estas cédulas se conservarán hasta la proclamación de los votos y la figura del recuento brindará la posibilidad de resolver las actas observadas con errores materiales, así como brindar mayor transparencia al proceso electoral.

A modo de conclusión, lo que se evidencia es que Perú vivirá un proceso electoral nunca antes visto en torno a su complejidad. Si bien este artículo se ha centrado en algunos desafíos, para las elecciones generales de 2026 se han realizado cambios sustanciales al proceso que reescribirán las formas en las que interactúan organizaciones políticas, organismos electorales y sociedad civil, con lo cual se generarán nuevos aprendizajes que mejorarán los futuros procesos electorales, como los que tendremos en octubre de este año.

Resulta imprescindible que la ciudadanía se mantenga informada y se involucre en el proceso electoral cumpliendo el rol que se le asigne. A fin de cuentas, votar es el poder de elegir de cada ciudadano y lo que busca la ONPE, y el sistema electoral en su conjunto, es garantizar unas elecciones íntegras, transparentes y eficaces para que eso suceda.

[1] International IDEA. (2024). The 2024 Global Elections Super-Cycle. https://shorturl.at/eNmGu

^[2] El número se basa en la cantidad de organizaciones en carrera al momento de enviar este artículo.

[3] Instituto de Estudios Peruanos. (2026). Informe de opinión de enero 2026. https://shorturl.at/pylBd

[4] Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://shorturl.at/M3nZp

[5] Instituto de Estudios Peruanos. (2023). El barómetro de las américas de LAPOP toma el pulso de la democracia en Perú 2023. IEP. https://tinyurl.com/3cd7rp9k

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Cada vez es más común escuchar que en el Perú la ciudadanía está cansada y siente desafección frente a la política; es algo que no debe sorprendernos si vemos que el escenario político suele estar marcado por promesas vacías, escándalos recurrentes, polarización y un uso del poder para favorecer intereses particulares o de pequeños grupos. Esta desafección hacia los partidos y los gobernantes tiene relación con una sensación también generalizada: las personas no se sienten representadas por las autoridades que eligen. La consecuencia en procesos electorales es un incremento de la abstención y del voto nulo o en blanco, cuando no de un voto emocional de castigo. En ese contexto, recuperar la centralidad de los temas sustantivos en las campañas electorales sería una condición para que la democracia funcione.

Como sabemos, la democracia representativa se basa en que el pueblo no gobierna directamente, sino que entrega su poder a representantes para que, en su nombre, tomen decisiones. Les entrega un mandato, un encargo, no un cheque en blanco, sino una autorización que está condicionada por expectativas, propuestas y compromisos. Para que ese mandato sea legítimo y duradero, debe surgir de una decisión informada y plenamente consciente. Y para que exista decisión informada, la campaña electoral tiene que ofrecer a los electores la oportunidad de conocer qué piensa hacer cada candidato en relación con los asuntos que inciden en su vida cotidiana.

Cuando la agenda de campaña no coincide con la agenda de la gente, se produce una desconexión peligrosa. Las personas están preocupadas por la inseguridad, la corrupción, el desempleo, la calidad de la educación de sus hijos, etc.; sin embargo, muchas campañas giran en torno a eslóganes vacíos, disputas personalistas o controversias diseñadas para dominar la conversación mediática. El resultado es que los ciudadanos no encuentran respuestas a sus preguntas concretas y terminan reforzando su escepticismo. Se regresa a la idea de que todos son iguales, nadie habla de lo que realmente importa y el voto no cambia nada.

Discutir temas sustantivos significa ir más allá de la retórica general y entrar en el terreno de las políticas públicas, pero desde la perspectiva de lo que estas implican para la gente. ¿Qué propuesta existe para generar empleo de calidad? ¿Cómo se financiará el sistema de salud y cómo mejorará el acceso? ¿Qué reformas se plantean en educación para que los niños aprendan lo que les será útil en la vida? ¿Qué estrategia se seguirá frente a la inseguridad y qué impacto se prevé? Estas preguntas no solo permiten evaluar la competencia técnica de los candidatos, sino también identificar diferencias ideológicas y programáticas que pueden traducirse en impactos concretos en la vida de cada persona.

Las democracias con tradición de debate programático ofrecen ejemplos de cómo esta dinámica fortalece el vínculo representativo. En países como Alemania, las campañas suelen estar acompañadas de documentos detallados en los que los partidos especifican medidas, plazos y prioridades. En Canadá, las plataformas electorales son analizadas por medios y organizaciones independientes que hasta estiman costos y efectos. En Chile, los programas presidenciales se han convertido en un insumo central para el debate público. Estos ejemplos no implican la ausencia de tensiones o críticas legítimas en esos países, pero muestran que es posible desarrollar campañas donde el contenido importa.

«La competencia democrática no puede darse únicamente entre personas, sino entre proyectos.»

¿Por qué es tan relevante que el contenido esté presente de manera muy visible? En primer lugar, porque solo a través de la discusión sustantiva el elector puede comparar alternativas reales. La competencia democrática no puede darse únicamente entre personas, sino entre proyectos: un candidato puede proponer reducir impuestos para estimular la inversión, otro puede priorizar el gasto social financiado con mayor carga tributaria, un tercero puede apostar por una reforma institucional para mejorar la eficiencia del gasto y del Estado. Cada perspectiva tiene implicaciones distintas en términos de distribución de recursos, oportunidades y riesgos. Sin información clara sobre esas diferencias, el voto se basa exclusivamente en una reacción emocional y no en una evaluación razonada de opciones.

En segundo lugar, el debate programático contribuye a la rendición de cuentas. Cuando los compromisos son explícitos, es más fácil evaluar el desempeño posterior. Si un candidato prometió aumentar el presupuesto educativo en determinado porcentaje o implementar una reforma específica, la ciudadanía y los medios pueden verificar si cumplió o no. En cambio, cuando la campaña se limita a generalidades del tipo «vamos a mejorar la educación» o «vamos a combatir la corrupción», resulta casi imposible exigir responsabilidades. La vaguedad favorece la impunidad política.

En tercer lugar, discutir temas sustantivos es una muestra de respeto al elector y una oportunidad de aprendizaje colectivo; es asumir que la ciudadanía es capaz de comprender problemas complejos y de tomar decisiones informadas. Ello, por supuesto, requiere de una aproximación pedagógica a la exposición programática. Muchas estrategias de campaña parten de la premisa contraria: que la gente solo responde a estímulos emocionales simples y que no tiene tiempo ni interés en analizar propuestas. Esa visión, además de estar probablemente muy alejada de la realidad, es terrible para el desarrollo cívico de una sociedad. Cuando los ciudadanos perciben que se les habla solo para pedir su voto y no como actores con capacidad de discernimiento, la desafección indudablemente aumenta. Ofrecer contenido serio, adecuadamente explicado, es una forma de reconocer su inteligencia y su derecho a participar de manera significativa. Hoy las nuevas tecnologías pueden ser de gran utilidad si se usan para difundir información en formatos amigables, explicar propuestas y generar espacios de interacción directa.

Un abordaje de los temas sustantivos, pensando en los electores, permite que cada persona identifique cómo las propuestas programáticas pueden influir en su propia vida. La política fiscal, por ejemplo, no es una abstracción: afecta cuánto se paga de impuestos y qué servicios se reciben. La política laboral no es algo alejado de la vida diaria: determina las condiciones de trabajo, si hay estabilidad o no, así como los salarios y beneficios. La política energética incide en el costo de la electricidad, el gas y la gasolina que consumimos. Si las campañas logran traducir las propuestas en mensajes de efectos concretos para la gente ―«esta medida significará más guarderías en tu barrio», «esta otra implicará cambios en tu boleta de luz»―, el vínculo entre programa y experiencia cotidiana se vuelve tangible.

Además, la discusión programática puede reducir la polarización. Cuando el debate se centra en identidades o en ataques personales, la lógica es binaria y excluyente. En cambio, al discutir políticas específicas, es posible encontrar matices, acuerdos parciales o puntos de convergencia. Esto no elimina el conflicto, pero lo canaliza hacia diferencias sustantivas, en lugar de enemistades simbólicas, que llevan también a la violencia verbal en la esfera digital. Una democracia más deliberativa tiende a ser también más estable.

Frente a esta tarea, existe una responsabilidad compartida de partidos, candidatos, medios de comunicación, influencers y organizaciones de sociedad civil. Los partidos y candidatos deberían elaborar propuestas destinadas a las personas y saber comunicarlas. Los medios de comunicación e influencers tendrían que interpelar con preguntas concretas y contrastar datos. Las organizaciones de la sociedad civil pueden generar espacios de diálogo, debate y análisis comparado. Y la ciudadanía, aun desde la natural desconfianza, puede exigir contenido y compromisos en lugar de resignarse al espectáculo. La calidad de la campaña no es un fenómeno espontáneo, es el resultado de incentivos y demandas.

«Si los ciudadanos sienten que nadie los representa y que la política no aborda sus agendas cotidianas, los fundamentos de la democracia se minan gravemente.»

En contextos donde la confianza institucional es baja, insistir en el debate sustantivo puede parecer ingenuo. Sin embargo, es precisamente en esos contextos donde resulta más urgente. Si los ciudadanos sienten que nadie los representa y que la política no aborda sus agendas cotidianas, los fundamentos de la democracia se minan gravemente.

La democracia representativa implica confiar en que quienes resulten elegidos actuarán en nombre de cada persona y del conjunto. Esa confianza se construye sobre la base de compromisos públicos y de la posibilidad de comparar alternativas. Cuando el elector esté en la cámara secreta, debería poder responder a preguntas básicas: ¿qué propone el candidato por el que votaré?, ¿en qué se diferencia de los demás?, ¿cómo impactará cada propuesta en mi vida y en la de otras personas? Si no puede hacerlo, el mandato otorgado será débil y la legitimidad del gobierno, frágil.

Una campaña electoral que discute temas sustantivos no garantiza por sí sola buenos gobiernos, pero sí crea las condiciones para una elección más consciente: permite que el voto sea una herramienta de orientación colectiva y no solo una expresión de malestar o de lealtad ciega. Frente al desencanto y la desconfianza, apostar por el contenido es apostar por la inteligencia cívica; es recordar que la política, en su mejor versión, no es un espectáculo, sino una deliberación pública sobre cómo queremos vivir juntos.

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Hay un viejo dicho que señala que, tanto en la política como en el amor, la esperanza es lo último que se pierde. Pues bien, si algo caracteriza los tiempos actuales en la política, es la pérdida de la esperanza en que nuestros esfuerzos puedan tener como fruto cambios que nos lleven a un mundo mejor.

Pero ¿cuál es el elemento que nos lleva a esta pérdida de esperanza? El creciente dominio de la extrema derecha en la arena social y política. Es importante remarcar este punto, se trata de la extrema derecha, no solo de la derecha, es decir, de las tendencias políticas conservadoras que están no solo a favor de mantener el injusto orden basado en la desigualdad social porque lo consideran el estado natural de las cosas, sino incluso de regresar a formas de dominación que parecían superadas; a la vez, están dispuestas a defender sus puntos de vista al margen, e incluso en contra, de cualquier tipo de reglas o leyes previamente establecidas. Esto significa que a la extrema derecha no le interesa la democracia, sino que prefieren los regímenes autoritarios y, como lo vemos diariamente, la ley del más fuerte. En este contexto se desenvuelven hoy nuestras vidas.

Sin embargo, a diferencia de otros tiempos difíciles, ahora nos enfrentamos a un fenómeno de dimensión planetaria que influye y ordena ―desordena, sería mejor decir― nuestro país y la región del mundo donde vivimos. Dos son las características que a nivel político nos dan la pauta de lo que está sucediendo: la crisis civilizatoria o crisis de la forma de vivir que hemos conocido y la transición geopolítica. La crisis civilizatoria se expresa en la falta de respuestas de la democracia liberal occidental, paradigma dominante, hasta hace pocos años, frente a la creciente ola autoritaria. Después de la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, existió la ilusión en los centros de poder dominantes de que pasábamos a una nueva época en la política mundial, que estaría caracterizada por la democracia liberal y su contraparte, la economía de mercado. Esto llevó a pensadores como Francis Fukuyama a hablar de «el fin de la historia» al señalar que ya no habría nadie que pudiera desafiar al dúo establecido. Pero esa ilusión duró poco ―al menos como horizonte civilizatorio―, tuvimos primero la crisis económica del 2008, cuyas consecuencias duran hasta ahora, y luego la ofensiva de la ultraderecha de la última década, que parece tener su pico con la segunda presidencia de Donald Trump. Se trata de un período de casi cuatro décadas en que la democracia liberal occidental, con buenas condiciones a su favor, no ha podido establecerse de manera definitiva.

«Si algo une estas dos características de la política mundial, es el desdén generalizado por las normas y las instituciones políticas y el uso desaforado de la fuerza para la solución de los conflictos.»

Por otra parte, tenemos a la transición geopolítica de un mundo unipolar, liderado por los Estados Unidos, a un mundo multipolar, que incluye a un conjunto de potencias emergentes y disputa la hegemonía mundial con el primero. Esta transición es negada por los Estados Unidos, que pretende afirmar su papel dominante luego de su triunfo en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, y desestima la capacidad de otras fuerzas emergentes, como China que, al menos económicamente, le pisa los talones. La transición se expresa en las agudas disputas comerciales entra las potencias, pero también y cada vez más en el terreno militar. La guerra de Rusia con Ucrania, el genocidio israelí en Palestina y el potencial conflicto en el mar del sur de China por Taiwán son ejemplos de ello. No obstante, si algo une estas dos características de la política mundial, es el desdén generalizado por las normas y las instituciones políticas y el uso desaforado de la fuerza para la solución de los conflictos.

Estos conflictos mundiales se expresan en América Latina también en una ofensiva de extrema derecha y, especialmente en los últimos tiempos, en una intervención militar abierta de los Estados Unidos en la región, con el ataque a Venezuela, la presencia de una gran flota en el mar Caribe, las presiones brutales y las amenazas recurrentes a la soberanía de los países. Todo esto le da un espaldarazo a las fuerzas conservadoras, que han sido el tradicional aliado del imperio del norte y las directas beneficiarias de su intervencionismo.

Sin embargo, esta región del mundo no se encuentra desprovista de recursos para hacer frente a las fuerzas del pasado que hoy quieren regresar. Se ha desarrollado un acumulado democrático que hay necesidad de poner en valor una y otra vez. El primer momento de este período es la lucha antioligárquica. Los pueblos de América Latina han tenido, en el último siglo, una muy importante experiencia en la disputa por la democracia con sus élites oligárquicas y sus aliados extranjeros, principalmente los Estados Unidos. Si tomamos estos últimos cien años, han sido las luchas por la tierra, la organización sindical y la educación las que dieron forma a la democratización social ―el reconocimiento del otro como igual― a lo largo del siglo XX. El segundo momento, sobre el cimiento de la primera democratización, es el de las luchas por la democracia política, contra las dictaduras militares de la década de 1970, y las transiciones a la democracia, entre las décadas de 1970 y 1990. Finalmente, el tercer momento  ―el denominado giro a la izquierda― es el triunfo de un conjunto de coaliciones progresistas que, con suerte, condiciones y capacidad desiguales en las primeras décadas del siglo XXI, buscan unir democratización social y democracia política.

«Han sido las luchas por la tierra, la organización sindical y la educación las que dieron forma a la democratización social —el reconocimiento del otro como igual— a lo largo del siglo XX.»

Los resultados han sido reconocimientos, derechos, ciudadanía, instituciones representativas y participativas, crecimiento de la sociedad organizada y la esfera pública. Todo siempre recortado y episódico, aunque presente, dejando una memoria que no solo es de víctimas, sino también de organización y de lucha.

No obstante, junto a los avances sustantivos, también hay retrocesos: más todavía, todo un período que apunta a una regresión. Se trata de una contraofensiva política e ideológica de las fuerzas más conservadoras, que tiene un punto de quiebre con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil en 2016. En lo inmediato, es una reacción contra los avances democráticos de la región, que he señalado líneas arriba, pero van más allá. Pretenden un orden predemocrático y, en este sentido, antidemocrático, en el que se establezcan relaciones de dominación por la fuerza, en las que no haya lugar para alguna forma de estado de derecho o este sea una burla abierta del mismo. No me atrevo todavía a calificarlo ―como han hecho algunos tomando del fascismo europeo―, pero creo que se están gestando formas autoritarias que abrevan en el racismo, el clasismo y la violencia de género exacerbados.

El Perú no es ajeno a esta derechización. Es más, no ha pasado por los importantes procesos de democratización de la región en los últimos cien años, como han sido los dos períodos de gobiernos nacional populares en nuestra América a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI, salvo la breve y militar del gobierno de Velasco, por lo que no cuenta con los anticuerpos indispensables para enfrentar a la derecha y, peor aún, a la extrema derecha. En el último tiempo, estamos enfrentando una crisis política, sin salida a la vista, en la que se juntan la coyuntura con la historia, encarando el desgobierno del día a día: las personas se preocupan solo por sus intereses inmediatos y personales, la desinstitucionalización da cuenta de que las reglas sirven para burlar derechos, no para afirmarlos, y el poder profundiza la condición del Estado ajeno a su propia sociedad.

«Solo la exposición pública de la corrupción que ha atravesado a la clase política, ocurrida en la última década, ha sido capaz de disolver las ilusiones en las bondades del modelo.»

Esta crisis es producto de décadas de implementación de un modelo económico basado en la exportación de materias primas, que deja una alta rentabilidad a quienes lo ejecutan, pero produce solo muy poco empleo; solo tiene en cuenta el bienestar de un pequeño sector de la población, aunque deja en la informalidad y la desocupación al resto. Sin embargo, el modelo ha sido prolífico ―ante la ausencia de alternativas― en despertar las ilusiones en una población deseosa de un mejor porvenir, lo que ha hecho muy difícil, para la oposición al mismo, revertir la situación. Solo la exposición pública de la corrupción que ha atravesado a la clase política, ocurrida en la última década, ha sido capaz de disolver las ilusiones en las bondades del modelo. Nos encontramos ahora sin ilusiones, pero con una aguda fragmentación de la sociedad y la política, consecuencia de décadas de propaganda individualista que hizo creer a millones que era posible salir adelante por cuenta propia, incluso en un contexto de dictadura o democracia limitada.

Creo que la forma de empezar a superar esta crisis es afrontar la falta de credibilidad del poder en los diferentes niveles. No obstante, ante el grave deterioro de la autoridad y de los mecanismos de representación existentes, el sentido de los esfuerzos debe ser de abajo hacia arriba, concentrando la voluntad en la organización social y sus posibilidades de proyección política. Por más difícil que parezca hoy día, creo que este es el camino para revertir la desesperanza y poder volver a creer que un mundo mejor es posible.

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En los últimos años, América Latina ha experimentado una visible reconfiguración de sus derechas. La región ha sido escenario del surgimiento de liderazgos y movimientos que, aunque heterogéneos entre sí, comparten ciertos rasgos: discursos confrontacionales, apelaciones directas al «pueblo» frente a las élites políticas tradicionales, una fuerte presencia en el espacio digital y una intensa politización de temas culturales. Este fenómeno ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos lo entienden como un giro conservador; otros, como una reacción frente a avances en derechos sociales, y también como parte de una crisis más profunda de la representación política.

Más allá de las etiquetas, lo cierto es que estas corrientes se expanden en un contexto regional marcado por democracias fatigadas, instituciones debilitadas y sociedades atravesadas por profundas desigualdades. Por ello, comprender el avance de estas nuevas derechas requiere situarlo en una pregunta más amplia: ¿qué nos dice este fenómeno sobre la relación entre democracia, justicia social y ciudadanía en América Latina?

Un nuevo ciclo político

A diferencia de las derechas tecnocráticas o liberal-económicas que marcaron buena parte de la política latinoamericana durante los años noventa y el inicio del siglo XXI, las derechas que hoy emergen en distintos países de la región se caracterizan por un lenguaje político distinto. Sus discursos suelen combinar tres elementos: crítica al sistema político, defensa de valores tradicionales y promesas de orden frente a contextos percibidos como caóticos.

En países como Brasil, Argentina o El Salvador, han surgido liderazgos que se presentan como outsiders o como figuras dispuestas a confrontar frontalmente a las élites políticas. Estos actores capitalizan un malestar social extendido frente a la corrupción, la ineficacia estatal y la inseguridad. En muchos casos, su narrativa se construye sobre la idea de que la democracia representativa ha sido capturada por intereses particulares y que solo un liderazgo fuerte puede restablecer el orden y la autoridad.

Este estilo político no se limita a la figura del líder. También implica nuevas formas de organización y movilización. Redes digitales y comunidades virtuales han adquirido un papel central en la construcción de identidades políticas. La arena digital se ha convertido así en un espacio privilegiado para la circulación de discursos polarizantes y para la articulación de comunidades militantes que trascienden fronteras nacionales.

«Actores políticos y movimientos conservadores recurren a marcos religiosos para dotar de legitimidad moral a sus posiciones públicas.»

Las «guerras culturales» y la movilización conservadora

Uno de los rasgos más visibles de este nuevo ciclo político es la centralidad de las llamadas «guerras culturales». Temas vinculados con la familia, la educación, la religión o los derechos sexuales y reproductivos han pasado a ocupar un lugar central en la disputa política.

En distintos países de la región han surgido movimientos y plataformas que se movilizan contra lo que denominan «ideología de género», cuestionando políticas educativas o iniciativas orientadas a ampliar derechos para mujeres y diversidades sexuales. Estas movilizaciones no son espontáneas ni exclusivamente locales, ya que forman parte de redes transnacionales que comparten discursos, repertorios de acción y estrategias de comunicación.

En este escenario, la religión ha adquirido un papel particularmente relevante. En muchos casos, actores políticos y movimientos conservadores recurren a marcos religiosos para dotar de legitimidad moral a sus posiciones públicas. Lenguajes provenientes del mundo religioso, como las referencias a la defensa de la vida, la familia o el orden natural, se trasladan así al campo político, contribuyendo a construir narrativas que presentan determinadas agendas como parte de una lucha por preservar valores fundamentales de la sociedad.

Este fenómeno no implica necesariamente una politización directa de las iglesias como instituciones, pero sí evidencia cómo repertorios simbólicos de origen religioso pueden ser movilizados en la esfera pública para articular identidades políticas y fortalecer coaliciones conservadoras. En ese sentido, la religión funciona tanto como un lenguaje moral compartido como un recurso de movilización que permite conectar con amplios sectores de la ciudadanía.

Para amplios sectores de la población, estas agendas se presentan como una defensa de valores morales o culturales que perciben amenazados. Sin embargo, también reflejan tensiones más profundas en sociedades atravesadas por cambios acelerados en materia de derechos, transformaciones en los roles de género y redefiniciones culturales más amplias. En este contexto, debates complejos sobre educación, ciudadanía o derechos tienden a desplazarse hacia confrontaciones simbólicas sobre identidad, moralidad y pertenencia, intensificando la polarización política y reduciendo el espacio para la deliberación democrática.

Democracia bajo presión

El avance de estas corrientes plantea interrogantes importantes sobre el futuro de la democracia en la región. No todas las nuevas derechas son autoritarias, ni todos sus liderazgos buscan debilitar las instituciones democráticas. Sin embargo, en varios casos se observan tensiones con principios fundamentales del orden democrático.

En primer lugar, muchos de estos movimientos privilegian formas de liderazgo altamente personalistas. La política se organiza en torno a figuras que se presentan como intérpretes directos de la voluntad popular, minimizando el papel de los partidos políticos, los parlamentos u otras instituciones intermediarias.

En segundo lugar, se observa una creciente desconfianza hacia instituciones clave de la democracia liberal, como los tribunales de justicia, los organismos electorales, la prensa o las organizaciones de derechos humanos. Estas instituciones son frecuentemente presentadas como parte de un sistema corrupto o desconectado de las demandas ciudadanas.

Finalmente, el énfasis en el restablecimiento del orden frente a la inseguridad y el crimen organizado ha generado un clima en el que amplios sectores sociales muestran mayor tolerancia hacia medidas de excepción, concentración de poder o restricciones a ciertas libertades civiles.

Estas dinámicas no son exclusivas de América Latina. Forman parte de una tendencia más amplia que atraviesa diversas democracias contemporáneas. Sin embargo, en contextos institucionales frágiles, como los de muchos países latinoamericanos, los efectos pueden ser particularmente intensos.

Crisis social y malestar democrático

Sería un error interpretar el auge de estas corrientes únicamente como una reacción ideológica. En buena medida, su expansión refleja problemas estructurales que las democracias latinoamericanas no han logrado resolver.

La región sigue siendo una de las más desiguales del mundo. Millones de personas viven en condiciones de precariedad económica, acceso limitado a servicios básicos y escasa protección frente a la violencia. A ello se suma una persistente crisis de representación: partidos políticos debilitados, sistemas partidarios fragmentados y una ciudadanía que percibe a las élites políticas como distantes o indiferentes frente a sus preocupaciones. En este contexto, discursos que prometen orden, autoridad y recuperación de valores comunitarios pueden resultar especialmente atractivos para sectores que se sienten abandonados por el Estado o excluidos de los beneficios del desarrollo.

La inseguridad, en particular, se ha convertido en una preocupación central en muchas sociedades latinoamericanas. El avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales y la debilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad generan una sensación de desprotección que erosiona la confianza en la democracia.

Cuando las instituciones democráticas no logran responder eficazmente a estas demandas, se abre espacio para proyectos políticos que prometen soluciones rápidas, incluso a costa de debilitar los equilibrios institucionales.

«La cuestión de fondo es cómo reconstruir democracias capaces de responder a las demandas de justicia social y dignidad ciudadana.»

Justicia social y horizonte democrático

Frente a este escenario, el desafío para América Latina no se limita a disputar el terreno electoral. La cuestión de fondo es cómo reconstruir democracias capaces de responder a las demandas de justicia social y dignidad ciudadana.

La experiencia histórica de la región muestra que la estabilidad democrática depende no solo de reglas institucionales, sino también de la capacidad del Estado para garantizar derechos, reducir desigualdades y ofrecer horizontes de inclusión social. Cuando amplios sectores de la población perciben que la democracia no mejora sus condiciones de vida, su legitimidad se erosiona.

Esto no significa ignorar las preocupaciones culturales o identitarias que movilizan a muchos ciudadanos. Tampoco implica desestimar el malestar frente a sistemas políticos que han sido incapaces de renovarse. Más bien exige abrir espacios de diálogo que permitan canalizar esas inquietudes dentro de marcos democráticos y respetuosos de los derechos humanos.

En última instancia, el avance de nuevas derechas en América Latina revela una tensión profunda entre dos aspiraciones que atraviesan la historia política de la región: la búsqueda de orden y la búsqueda de justicia social. La tarea pendiente para nuestras democracias consiste en demostrar que ambas aspiraciones no son incompatibles.

Si la democracia logra ofrecer seguridad, inclusión y reconocimiento a amplios sectores de la ciudadanía, podrá fortalecer su legitimidad y enfrentar con mayor solidez los desafíos del presente. Pero si continúa asociándose con desigualdad, ineficacia y distancia frente a las necesidades sociales, seguirá abriendo espacio a proyectos políticos que prometen soluciones simples a problemas complejos.

El futuro democrático de América Latina dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus sociedades para renovar el pacto entre ciudadanía, Estado y justicia social. Solo así será posible construir democracias que no se limiten a garantizar elecciones periódicas, sino que también ofrezcan condiciones reales de dignidad y participación para todos.

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El escenario con mayor potencial de desencadenar un conflicto a gran escala es el de la cuestión taiwanesa. Una operación militar por parte de China contra Taiwán, que el país asiático considera como territorio propio, podría acabar provocando un enfrentamiento directo contra Estados Unidos y también contra algunos de sus aliados, especialmente Japón. A este conflicto se suman a su vez otros que, si bien no tienen tanto potencial de generar un enfrentamiento generalizado, como son la invasión rusa de Ucrania, la crisis en Oriente Medio con Irán, la situación de Gaza y las tensiones entre las dos Coreas, sí que nos recuerdan lo preciada que es la paz, y que ni la seguridad humana ni la internacional están garantizadas.

El fenómeno que subyace detrás de todos estos acontecimientos es la más que posible defunción del llamado orden liberal internacional. Este orden es el conjunto de normas, instituciones y prácticas que han estructurado el sistema internacional, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, sobre la base de principios como el multilateralismo, el libre comercio, la cooperación institucionalizada, la soberanía estatal y la promoción de los derechos humanos. ¿Era un orden hipócrita? Seguramente, en tanto sus valedores occidentales invocaban principios que no siempre cumplían. Pero un mundo en el que se abandona incluso la pretensión de actuar conforme a principios morales o legales, como parece ser cada vez más habitual entre grandes potencias, da como resultado no un mundo más justo, sino, por el contrario, uno más peligroso e inestable. No cabe duda de que echaremos de menos el orden liberal internacional una vez que este haya sido sustituido por la ley de la selva.

El cuestionamiento más significativo del orden liberal internacional, y que más posibilidades tiene de acabar con él, no proviene de los países opositores habituales, sino paradójicamente de su propio creador y de su principal defensor desde hace ya ocho décadas: Estados Unidos. A lo largo del último año, el país ha emprendido una cruzada contra el libre comercio a través de una guerra arancelaria lanzada contra la práctica totalidad de países del mundo y, además, se ha decidido a reforzar su influencia sobre los países del hemisferio occidental hasta el punto de acabar negando la capacidad de agencia de estos. Sin embargo, el aspecto más trascendental radica en que se ha llegado al extremo de cuestionar la integridad territorial de terceros países. Esta visión no solo se ha extendido a América Latina y el Caribe a través de las amenazas de hacerse con el control del canal de Panamá, sino que incluso se ha lanzado contra dos de sus aliados tradicionales, como son Dinamarca y Canadá. En el caso de este último, se ha llegado al punto de poner en duda su propia existencia como Estado. Esta visión no es muy distinta a la de otras potencias revisionistas que al día de hoy tampoco reconocen el derecho a existir de algunos de sus vecinos.

El no reconocimiento del derecho de otros Estados a existir, así como de su propia soberanía, es tristemente una constante histórica, pero no por ello es menos controvertido, especialmente a la vista de que sus catastróficos resultados ya han sido comprobados por las generaciones que nos precedieron. Hay quien dice que la experiencia es eso que obtienes después de haberla necesitado. Afortunadamente, en el siglo XXI no necesitamos experimentar las consecuencias de un conflicto a gran escala para saber sus altos costes sociales: nos basta con abrir un libro de historia o, desafortunadamente, en el caso de otros conflictos bélicos existentes en la actualidad, con encender la televisión.

«Corremos un riesgo real de que la integridad territorial y la soberanía dejen de ser principios articuladores del comportamiento internacional de los Estados en general y de las grandes potencias en particular.»

En este sentido, el nuevo sistema internacional al que parecemos encaminarnos no es el propio de un ordenamiento político más justo con la totalidad de países existentes, sino uno más bien desprovisto de valores y en el que las grandes potencias pueden ejercer el poder a su antojo siempre que se lo puedan permitir. Este sistema es tan «nuevo» que su espíritu ya fue recogido por Tucídides hace «tan solo» dos mil quinientos años en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso: «los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben». En otras palabras, corremos un riesgo real de que la integridad territorial y la soberanía dejen de ser principios articuladores del comportamiento internacional de los Estados en general y de las grandes potencias en particular. No necesitamos más que remitirnos a la propia historia para saber cuáles son las consecuencias de este viejo modelo que ha regido durante la práctica totalidad de la existencia histórica de los Estados: guerra, sufrimiento y muerte.

«En lugar de azuzar conflictos que podrían acabar estallando entre nuestras manos, todos nos beneficiaríamos como especie si los esfuerzos se destinaran a afrontar algunos de los principales problemas de la humanidad.»

El preocupante deterioro de la situación internacional se vuelve todavía más llamativo si tenemos en cuenta que nunca como hoy la humanidad había dispuesto de los medios materiales, científicos y tecnológicos para garantizar a todos una vida digna. Y en lugar de canalizar los esfuerzos de nuestra especie en pos de solventar los acuciantes problemas socioeconómicos que afrontamos a nivel colectivo, la energía es destinada a tensiones y conflictos políticos que apenas reportan beneficios ilusorios en términos de orgullo nacional, ego, prestigio e identidad, a cambio de pagar el peaje de un alto coste en vidas. Los jóvenes europeos que con tanto entusiasmo se despedían de sus familias para ir al frente bélico recién comenzada la Primera Guerra Mundial fueron también los primeros en experimentar las dramáticas consecuencias del conflicto.

En lugar de azuzar conflictos que podrían acabar estallando entre nuestras manos, todos nos beneficiaríamos como especie si los esfuerzos se destinaran a afrontar algunos de los principales problemas de la humanidad. No son pocos; por ejemplo, según el Banco Mundial, para el año 2030, alrededor del 9 % de la población mundial seguirá viviendo en situación de pobreza extrema. Según la UNESCO, todavía hay 251 millones de niños y jóvenes no escolarizados y, de acuerdo con cifras de ACNUR, a finales de 2024 había más de 123 millones de personas desplazadas por persecuciones, conflictos y violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, la desigualdad continúa aumentando en la mayoría de países, alcanzando en América Latina y el Caribe ―la región más desigual del mundo― algunos de sus niveles más alarmantes; la inseguridad alimentaria y la malnutrición siguen cobrándose millones de vidas cada año, y la protección del medio ambiente afronta severos desafíos.

La historia nos observa. Aún estamos a tiempo de decidir qué páginas escribiremos y qué mundo legaremos a las generaciones futuras.

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